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Países de AL y el Caribe aprueban acciones para conquistar autonomía e igualdad de las mujeres


Delegadas y delegados de 33 países de la región llamaron a los gobiernos de la región a adoptar todas las medidas de política social y económica necesarias para avanzar en la valorización social y el reconocimiento del valor económico del trabajo no remunerado prestado por las mujeres en la esfera doméstica y del cuidado.

La recomendación forma parte del Consenso de Brasilia, documento que reúne las conclusiones y propuestas para mejorar la situación de las mujeres, aprobado al cierre de la Undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.

Asimismo, celebraron la creación por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de una nueva entidad para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, llamada ONU Mujeres, y acordaron solicitar al organismo mundial que ésta sea encabezada por una representante de América Latina y el Caribe.

De igual modo, expresaron su solidaridad con la situación de Haití y Chile después de los terremotos que afectaron a ambos países este año y acordaron apoyar activamente los esfuerzos de reconstrucción posteriores a los desastres con acciones que contribuyan al desarrollo sostenible, los derechos de las mujeres y la igualdad de género.

Del 13 al 16 de julio, más de 700 personas se dieron cita en este encuentro, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con el apoyo de la Secretaría de Políticas para las Mujeres de Brasil.

El Consenso de Brasilia, cuya relatoría corrió a cargo de la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Rocío García Gaytán, llama a los gobiernos a la acción para conquistar una mayor autonomía económica e igualdad para las mujeres en la esfera laboral.

Asimismo, exige enfrentar con decisión todas las formas de violencia contra las mujeres mediante la adopción de medidas preventivas, punitivas, de protección y atención que contribuyan a la erradicación de todo tipo de violencia contra ellas en los espacios públicos y privados, así como garantizar el acceso efectivo a la justicia y a la asistencia jurídica gratuita de las mujeres en situación de violencia.

Insta además a fortalecer la ciudadanía de las mujeres y ampliar su participación en los procesos de toma de decisiones y en las esferas de poder. Para ello, pide promover y fortalecer políticas de Estado que garanticen el respeto, la protección y el cumplimiento de todos los derechos humanos de las mujeres y adoptar todas las medidas necesarias, incluidos cambios a nivel legislativo y políticas afirmativas, para asegurar la paridad, la inclusión y la alternancia étnica y racial en todos los poderes del Estado, a fin de fortalecer las democracias de América Latina y el Caribe.

Asimismo, solicita facilitar el acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías, al crédito y los activos, y promover medios de comunicación igualitarios, democráticos y no discriminatorios, así como promover su salud integral y sus derechos sexuales y reproductivos.

Finalmente acuerda realizar actividades de capacitación, intercambio y difusión que permitan la formulación de políticas públicas basadas en los datos del Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe, así como promover la cooperación internacional, regional, subregional y multilateral para la equidad de género.

Durante la Conferencia Regional, la CEPAL presentó el documento ¿Qué Estado para qué igualdad?, que examina los logros y desafíos que enfrentan los gobiernos de la región en materia de igualdad de género.

En este informe, la CEPAL propone un nuevo pacto social de redistribución del trabajo total entre hombres y mujeres, a fin de facilitar el acceso de éstas al mercado laboral como parte de sus derechos humanos.

"Este documento constituye un seguimiento a la propuesta La hora de la igualdad. Brechas por cerrar, caminos por abrir, que presentamos recientemente también en Brasilia. Brasil abre caminos, nos inspira con su liderazgo y fija rumbos para la región", dijo Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.

La propuesta contiene un enfoque integral de desarrollo centrado en la igualdad, que la CEPAL sugirió como nueva hoja de ruta a los países de América Latina y el Caribe, durante su Trigésimo tercer período de sesiones.

Fuente: CEPAL

INMUJERES, apoyará, con más de nueve mdp, proyectos de OSC con perspectiva de género


En los últimos 30 años, la participación de las mujeres en los ámbitos económico, político, social y cultural se ha incrementado de manera significativa. Sin lugar a dudas, ha contribuido a ello la participación de mujeres y hombres a través de organismos sociales, cuyo grado de importancia e influencia es cada vez mayor, constituyendo uno de los pilares en el desarrollo del país.

El Instituto Nacional de las Mujeres reconoce en su fundamento legal la necesidad de promover acciones tendientes a mejorar las condiciones de vida de la población femenina, con el propósito de erradicar toda forma de discriminación hacia las mujeres, así como procurar la igualdad de condiciones y de trato entre los géneros, en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil.

Con este propósito, y ante el desafío de diseñar e instrumentar políticas públicas en las que participen las instancias gubernamentales y civiles, el INMUJERES instrumentó en el 2002 el proyecto Fondo Proequidad, cuyo objetivo es otorgar financiamiento a las organizaciones de la sociedad civil, a fin de favorecer el desarrollo de diversos proyectos cuyo propósito es mejorar las condiciones de vida de la población femenina.

A principios de mes, el INMUJERES dio a conocer los resultados de la convocatoria para el programa de financiamiento denominado “Fondo Proequidad” en su novena emisión, publicada el pasado 8 de marzo del presente año, mediante el cual las organizaciones ganadoras recibirán este año apoyo financiero por nueve millones 525 mil 257 pesos.

Estos recursos se destinarán a las 40 organizaciones de la sociedad civil de 16 entidades de la República Mexicana que resultaron ganadoras al presentar proyectos para garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, la seguridad y la protección civil; para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; para fortalecer las capacidades de las mujeres para ampliar sus oportunidades y reducir la desigualdad de género; para potenciar la agencia económica de las mujeres en favor de mayores oportunidades para su bienestar y desarrollo; y, para impulsar el empoderamiento de las mujeres, su participación y representación en espacios de toma de decisión en el estado y consolidar una cultura democrática.

De esa manera se financiarán proyectos para incrementar la participación política de las mujeres en los ámbitos públicos; para construir una cultura de equidad de género en los planes y acciones de gobiernos municipales; para prevenir, detectar y atender la violencia desde las relaciones de noviazgo; para la prevención de la trata de personas; para una nueva gobernabilidad del agua con equidad de género; para asesorías jurídicas en contra de la violencia de género; para incidir en políticas públicas con equidad de género; para difundir y sensibilizar sobre los derechos de las mujeres; para la promoción de la cultura financiera y el empoderamiento económico de las mujeres en el sector rural.

También se apoyarán proyectos para mejorar la calidad de vida y su condición de género de mujeres indígenas campesinas; para la producción de hortalizas orgánicas; para la construcción de familias equitativas libres de violencia; para alfabetización y educación básica; para conservación de la biodiversidad; para la consolidación de microempresas de mujeres en el sector rural; para capacitación en derechos de las mujeres para familias víctimas de feminicidio; para disminuir las enfermedades respiratorias y racionalizar el uso de la leña por medio de las estufas patsari; y para el cuidado de la salud sexual y reproductiva de adolescentes; así como para la producción de alimentos.

Las organizaciones que participaron lo hicieron a través de dos categorías: Categoría A. Organizaciones que tengan de uno a tres años de constitución legal. Monto máximo de financiamiento: 135 mil pesos. Categoría B. Organizaciones con más de tres años de constitución legal. Monto máximo de financiamiento: 270 mil pesos.

El INMUJERES instrumentó, en 2002, el Proyecto Fondo Proequidad con el fin de otorgar financiamiento a las organizaciones de la sociedad civil, para el desarrollo de proyectos tendientes a mejorar las condiciones de vida de la población femenina en nuestro país.

Con la novena emisión de este Fondo se habrán apoyado 432 proyectos, de 26 entidades federativas, beneficiando a más de 800 mil mujeres y sus familias, con un monto de 93 millones de pesos.

Fuente: INMUJERES

Se buscará tipificar como delito al feminicidio


La presidenta de la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a los Feminicidios Registrados en México, diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero (PRD), anunció que buscarán establecer una mesa de trabajo para tipificar como delito al feminicidio.

“Para nosotros es una prioridad, porque justo por la falta de claridad sobre cuáles son los delitos en donde el género y la discriminación es un factor detonante, es de la mayor importancia clarificar las competencias y la responsabilidad de las autoridades”, aseguró.

Al reunirse con la titular del Instituto Nacional de las Mujeres para abordar las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso del “Campo Algodonero”, la diputada dijo que solicitarán a las autoridades del gobierno federal cubrir de inmediato la indemnización a los familiares de las víctimas.

Recordó que la sentencia va en contra del Estado mexicano por la omisión en la tutela de los derechos humanos de las víctimas de los feminicidios que se dieron en 2001, y en donde se habla de una indemnización de 12 millones de pesos, para sufragar el costo de la sentencia y hacer una indemnización de daños a las víctimas.

En cumplimiento a la sentencia, agregó que se elaborará una iniciativa que busque aclarar una serie de situaciones en donde el Estado mexicano está fallando en materia de protección y garantía de los derechos humanos.

Se mostró a favor de impulsar un plan de trabajo para la implementación de las recomendaciones de la Corte para la búsqueda de desaparecidas y de investigación de todos los homicidios contra mujeres en las procuradurías estatales.

La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Rocío García Gaytán señaló que la sentencia del “Campo Algodonero” plantea el reto de rediseñar a las instituciones a partir de las mujeres, es decir, colocarlas en el centro de las políticas públicas y de los intereses supremos del Estado.

Por ello, expresó, es necesario debatir sobre la conveniencia de tipificar como delito el feminicidio a nivel nacional como el crimen de crímenes por razones de género contra las mujeres. “Esta medida legislativa mandaría un mensaje muy claro de que no se tolera desde el Estado ningún acto violencia contra las mujeres”.

Añadió que el menosprecio a los derechos humanos, sumado al colapso del Estado de derecho de la ciudad fronteriza, que contribuyó a que estos crímenes ocurrieran, debe ser una experiencia que jamás se vuelva a repetir. “Hago un llamado a todos los sectores involucrados para que sumemos esfuerzos y aprovechemos esta oportunidad para reivindicar los derechos humanos de las mujeres en México”.

La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (PRI) destacó que para la tipificación del feminicidio existen muchas barreras, “nuestros compañeros no sólo no transitan sino que se burlan del término, porque ellos argumentan que por cada mujer que muere fallecen ocho varones, sí pero en diferentes condiciones, por lo que tendremos que hacer un gran trabajo para poder transitar a ello”.

En cuanto al cumplimiento de la sentencia del “Campo Algodonero”, argumentó que es el caso más típico de cómo se encuentra la justicia en el país, en donde la responsabilidad no es el Poder Judicial solamente y ni del Gobierno federal, sino que “somos todos y todas”.

De Acción Nacional, la diputada María Elena Pérez de Tejada Romero se pronunció porque las víctimas tengan la reparación del daño, ya que esos 12 millones, “no pueden estar nadando; me parece que deberíamos concluir con tareas concretas en este sentido”.

Como Legislativo federal, agregó, debemos trabajar para que los congresos locales no sólo modifiquen sus legislaciones sino la ejerzan; dictaminar que los feminicidios sean un delito, pues “no podemos esperar más tiempo cuando las mujeres siguen siendo asesinadas y siguen siendo víctimas”, e ir trabajando para que se investiguen los feminicidios en el Estado de México.

Por el PT, la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún cuestionó si hubo o no responsabilidades de servidores públicos del estado de Chihuahua por el caso “Campo Algodonero”.

Solicitó tomar decisiones claras y firmes a favor de las mujeres, aun cuando esas posiciones sean compartidas con todos los responsables del gobierno federal.

La titular del INMUJERES, García Gaytán, se manifestó por discutir y aprobar una norma jurídica que permita delimitar con claridad los procedimientos y las instancias responsables de la implementación de la resolución de los organismos de derechos humanos, de la ONU o el sistema interamericano.

Urge, abundó, crear un Fondo Nacional de Reparación a Violaciones a los Derechos Humanos, del que puedan hacer uso las víctimas de violaciones. “Debemos de dar pasos decisivos para hacer que los violadores de derechos humanos asuman la responsabilidad de sus actos”.

Refirió que la “Línea Telefónica, Vida Sin Violencia”, registró, de enero 2007 a junio 2010, 75 mil 108 llamadas; la violencia psicológica es la más recurrente, seguida por la física, económica, patrimonial y sexual.

El principal espacio donde se generó la violencia, dijo, fue el hogar, en segundo lugar, los centros laborales; por grupo de edad, destacan de 30 a 39 años y de 40 a 49 años. Uno de los principales generadores de la violencia, es el esposo o la pareja, seguido por los padres; el estado civil que reportaron las usuarias fue casada y unión libre.

Fuente: Cámara de Diputados

Se lanza programa Infonavit para Todos con la afilicación de trabajadoras(es) domésticas(os)


Para que más personas reciban los beneficios que ofrece el Instituto, se lanzó el programa Infonavit para Todos, que permitirá en una primera fase, la afiliación de trabajadoras(es) domésticas(os) al régimen de vivienda que administra.

Con este programa, se abre la posibilidad de que aquellas personas que tienen contratadas en sus hogares los servicios de mozos, cocineras(os), choferes, jardineras(os), nanas y trabajadoras(es) del aseo, se den de alta como patrones ante el Infonavit de manera voluntaria y registren a estas(os) empleadas(os) quienes podrán acceder a productos de ahorro y crédito que ofrece el Instituto y así atender sus necesidades de vivienda y retiro. En una primera etapa, el Instituto ha considerado un presupuesto de 500 millones de pesos para otorgar cerca de 2 mil préstamos para trabajadoras(es) domésticas(os), una vez que cumplan los requisitos previstos en las reglas de otorgamiento de crédito.

Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2009, existe un mercado potencial de 1.7 millones de trabajadoras(es) domésticas(os), que podrían verse beneficiados con este programa.A partir de agosto próximo, el programa de afiliación de trabajadoras(es) domésticas(os) estará disponible en todo el país, después de probar el sistema en ocho entidades: Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Guerrero.

En presencia de Margarita Zavala, presidenta del DIF nacional, el director general del Infonavit, Víctor Manuel Borrás Setién, dio a conocer los detalles del programa. En el evento también estuvieron presentes Luis H. Álvarez, consejero de Atención de Grupos Vulnerables de la Presidencia de la República; Ricardo A. Bucio Mújica, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; María del Rocío García Gaytán, presidenta del INMUJERES, y Joaquín Escamilla Orozco, subdirector general de Recaudación Fiscal del Infonavit.

Las y los empleadores podrán afiliar a sus trabajadoras(es) domésticas(os) de forma ágil y sencilla:1. Deberán darse de alta como patronas(es) ante el Infonavit, a través de la página www.infonavit.org.mx, Sección Empresarios,2. La o el patrón elije la cuota que aportará mensualmente: $220, $250, $300 ó $350,3. De esta forma, se genera la subcuenta de vivienda para su trabajador(a), quien podrá consultar su saldo a través de los distintos canales que el Infonavit pone a su alcance: portal, kioscos e Infonatel, entre otros,4. Al inscribir a sus trabajadoras(es) al Infonavit, el patrón no tiene la obligación de hacer lo mismo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).5. Si la o el patrón no presenta pago durante dos periodos mensuales continuos, el Infonavit en forma automática generará la baja de la o el patrón y sus trabajadoras (es). No se fiscalizará a la o el patrón.

Las y los trabajadores domésticos podrán acceder al crédito cuando cumplan con la puntuación requerida por el Instituto (116 puntos) en un periodo aproximado de 1 a 3 años.

O bien, cuando ahorren el 10 ó 15% del valor total de la vivienda, a través del programa Crédito Seguro, operado en conjunto con Bansefi, donde deberán cumplir con una meta de ahorro en un plazo que puede ir de 4 hasta 24 meses.

Dependiendo de la cuota de afiliación que le asigne la o el empleador y su edad, la o el trabajador doméstico podría obtener un crédito máximo entre 218 mil y 262 mil pesos.

“Al otorgar los beneficios de la vivienda, el patrón obtiene mayor lealtad debido a que los trabajadores aprecian y valoran esta acción. Los trabajadores permanecen en el trabajo, porque no querrán interrumpir la continuidad de su ahorro para vivienda o retiro, y así contribuimos a mejorar su calidad de vida”, destacó Víctor Manuel Borrás Setién, director general del Infonavit.

El programa Infonavit para Todos abre las puertas a nuevos sectores de la sociedad, quienes actualmente no cuentan con seguridad social en materia de vivienda y ahorro.

Fuente: Infonavit