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No se tolerará la impunidad para feminicidas ni tratantes de personas



El gobierno federal y los gobiernos estatales deben mandar un mensaje claro a la sociedad, ante delitos que la aquejan como la trata de personas: “No toleraremos la impunidad para quienes violen los derechos de las mujeres y atenten contra la vida de ellas y de jovencitas”, aseveró Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres.

En el marco de la primera sesión ordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en Tlaxcala, a la que asistió el Gobernador Mariano González Sarur, la funcionaria federal subrayó que existen dos flagelos que atacan la vida del país: el feminicidio y la trata de personas, que en muchas ocasiones están estrechamente conectados con la impunidad.

Por dicho motivo, enfatizó que se necesita la convergencia de esfuerzos y trabajo de instituciones, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales e integrantes de los poderes Legislativo y Judicial para acabar con la violencia extrema hacia las mujeres.

Cruz Sánchez aseveró: “Necesitamos penas ejemplares para quienes matan a mujeres y niñas, para quienes se dedican a comerciar con jovencitas y niñas. Necesitamos que reciban las más altas penas”. 

Indicó que se requieren estrategias locales sustentadas en investigaciones y diagnósticos actualizados para lograr una intervención conjunta en lo que puede significar la salvación de una vida o la esclavitud permanente de una mujer o niña. 

La presidenta del INMUJERES reconoció que se han logrado importantes avances en la armonización legislativa de Tlaxcala: en 2007 la aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; un año después la instalación del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia, lo que muestra una línea de trabajo ininterrumpido. 

A estos logros, añadió, se suman los avances respecto al fortalecimiento del programa estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como el banco estatal de datos. 

Con ello, dijo Cruz Sánchez, Tlaxcala está a la vanguardia en el cumplimiento de instrumentos internacionales fundamentales como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará. 

Por su parte, Marisela Cuapio, directora del Instituto estatal de las Mujeres, presentó el Porgrama Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que constará con cuatro ejes de acción para construir un ambiente libre de violencia. 

Entre las diversas medidas que contempla el programa se encuentran: promover el análisis de la violencia contra la mujer; provocar que el ejercicio de la responsabilidad de la violencia sea comprendida por los agresores y por la sociedad; igualdad salarial entre mujeres y hombres; proporcionar capacitación especializada y sensibilización a jueces y magistrados para juzgar con perspectiva de género; lograr que los espacios públicos sean seguros para la circulación de las mujeres y niñas, sin segregación de espacios. 

Asimismo, plantea proporcionar atención especializada reeducativa a los agresores; contar con refugios temporales para mujeres que sufren violencia de primer y segundo nivel; favorecer que las mujeres puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos; verificar que la atención de los servicios de salud se proporcionen con perspectiva de género; contemplar acciones que se vinculen con temas de ciudadanía y ejercicio de derechos; establecer acciones que garanticen acceso de las mujeres a la justicia; fortalecer la vinculación entre los poderes del estado; establecer medidas de seguridad y proximidad policial para las mujeres; garantizar asistencia jurídica; acceso a la justicia con la debida reparación del daño; contemplar políticas públicas y mecanismos que tengan como objetivo eliminar la violencia contra las mujeres; analizar los mecanismos sociales que generan violencia contra las mujeres de tipo sexual y familiar; tomar las medidas apropiadas, incluyendo legislativas, para modificar o abolir leyes que respalden la persistencia o prevalencia de la violencia contra la mujer. 

A su vez, el gobernador de Tlaxcala, Mariano González, señaló que la instalación del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres es una oportunidad para trabajar en favor de la equidad de género. Se trata de un órgano de responsabilidad compartida. 

“Estamos, en Tlaxcala, estigmatizados con el problema de la trata de personas por no haber querido reconocer el problema y hemos actuado en consecuencia”, apuntó. 

El mandatario estatal indicó que es indispensable incorporar a la mujer en todos los ámbitos de la vida de la entidad, por lo que se introducirá el enfoque de género en la política de desarrollo del gobierno. 

La política pública del estado, concluyó, contempla en forma transversal la perspectiva con enfoque de género, lo que implica que los programas fomenten la igualdad entre mujeres y hombres.

La ONU en México exhorta a implementar una política de Estado armonizada con los compromisos internacionales de derechos humanos que ponga fin a la violencia contra las mujeres y las niñas


El sistema de las Naciones Unidas en México e integrantes de la delegación mexicana participantes en el 57° Periodo de Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU (CSW), dieron a conocer en conferencia de prensa las conclusiones adoptadas en marzo pasado sobre “La eliminación y prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas”.
 
Para las Naciones Unidas, la discriminación y la violencia contra las mujeres son la más extendida violación de derechos humanos en el mundo. Es uno de los principales obstáculos para el desarrollo, genera inestabilidad en las sociedades, impide el progreso hacia la justicia y la paz y atenta contra la gobernabilidad democrática. Prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres son un imperativo para el logro del Desarrollo Sostenible.

Las conclusiones adoptadas en la 57° Sesión de la CSW, después de extensas negociaciones, son un marco para este propósito donde se destaca la necesidad de contar con una estrategia global y en cada país que promueva el cambio estructural hacia la igualdad de género, el papel de los hombres y jóvenes como agentes de cambio, la importancia del apoyo de la sociedad civil y la necesidad de mejorar la información, programas y servicios multisectoriales, el acceso a la justicia y fortalecer las estrategias de prevención en el marco de políticas de igualdad. Reafirma que todos los Estados tienen la obligación, a todos los niveles, de utilizar todos los medios adecuados, ya sean de naturaleza legislativa, política, económica, social o administrativa, para promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres y las niñas.

La ONU en México reconoce el papel que la delegación mexicana, encabezada por la señora Lorena Cruz, presidenta del INMUJERES, y la activa participación de parlamentarias y representantes de la sociedad civil para lograr la incorporación del concepto del feminicidio por primera vez en un acuerdo internacional; instar a los Estados miembros de la ONU a tomar acción urgente sobre las agresiones sistemáticas que reciben las defensoras de los derechos humanos, el atraso en el respeto de los derechos sexuales y reproductivos, del embarazo adolescente y la mortalidad materna, así como la vulnerabilidad múltiple a la que están sujetas las mujeres indígenas y migrantes. 

Con la aprobación de este documento, los gobiernos han reafirmado su compromiso y responsabilidad de llevar a cabo medidas concretas para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, así como a promover y proteger los derechos humanos de las mujeres y sus libertades fundamentales. En este contexto, la ONU en México reconoce la oportunidad del Estado Mexicano para incluir la igualdad de género como eje transversal del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018. 

El sistema de las Naciones Unidas en México renueva su compromiso para trabajar conjuntamente con el gobierno federal y gobiernos estatales; los tres poderes del estado, la sociedad civil y en coordinación entre el mismo sistema de Naciones Unidas en México para seguir promoviendo el derecho de niñas, jóvenes y mujeres a una vida libre de violencia.

En la conferencia de prensa participaron Lorena Cruz Sánchez, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres y Presidenta de la Delegación Oficial de México ante la CSW; Martha Lucía Mícher Camarena, Diputada Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados e integrante de la Delegación Oficial; Guadalupe Martínez, Comité de Seguimiento de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México; Cristina Pineda, Diseñadora y Directora Ejecutiva de la empresa Pineda Covalín; Jadranka Mihalic, Directora del Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana; Ana Güezmes, Representante en México de ONU Mujeres y Marcia de Castro, Coordinadora Residente del sistema de las Naciones Unidas en México.
 
Fuente: ONU Mujeres

Plena vigencia de los derechos humanos de las mujeres, reto de la democracia mexicana

Existen avances que dan esperanzas para lograr el pleno reconocimiento de los derechos de las mujeres: el marco jurídico es una garantía de estos derechos, así como la creación de instituciones específicas para la atención de distintos grupos de mujeres y el creciente presupuesto etiquetado, aseguró Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres.
 
Al participar en el “Encuentro Internacional por la Igualdad y la No Discriminación. Hacia un futuro de igualdad”, la funcionaria federal destacó que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tiene hoy una poderosa herramienta para impulsar el avance de las mujeres, que es la perspectiva de género como una de las tres estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
 
Además, dijo, el acuerdo 1-2013 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que señala la obligatoriedad de tener el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres antes que los programas sectoriales, institucionales, especiales y regionales, con el propósito de que sus objetivos, estrategias y líneas de acción sean de observación obligatoria en todas las dependencias y entidades federales.
 
Sin embargo, señaló que la discriminación de la que todavía somos objeto muchas mujeres invalida diariamente el derecho a la igualdad, a vivir sin violencia y a tener aspiraciones.
 
Agregó que la discriminación por razón de género y la desigualdad están entre las causas estructurales de la violencia contra mujeres y niñas, así como de sus múltiples expresiones.

Recordó que seis de cada diez mujeres mayores de 15 años han sufrido violencia por parte de su pareja: “la cifra casi duplica la del Informe de la Organización Mundial de la Salud presentado la semana pasada, que señala a la violencia de género como un problema de salud pública que afecta a más de un tercio de mujeres en el orbe.

La discriminación, indicó está en la base de los peores delitos contra las mujeres: el feminicidio y la trata de mujeres y niñas, dos flagelos que deben ser castigados ejemplarmente.
 
Cruz Sánchez puntualizó que la discriminación coloca a las mujeres en posiciones desventajosas en el contexto familiar, laboral, comunitario y social: “Nos coloca lejos de la justicia; del trabajo decente o al menor remunerado; de la cultura y de la salud, las muertes maternas son ejemplo de ello”.
 
La discriminación, aseveró, nos aleja de la educación como inversión para la inserción laboral, de la propiedad de nuestra casa o de la tierra; impide que accedamos a recursos económicos propios y, desde luego, hace diferencias en cuanto a obligaciones y responsabilidades.
 
La presidenta del INMUJERES manifestó que la discriminación se evidencia en menores ingresos económicos para las mujeres, en el escaso número de mujeres empoderadas en el ámbito empresarial; en la participación política y toma de decisiones; en su participación en el los tres Poderes, entre otros.
 
Finalmente, Cruz Sánchez reiteró el compromiso del INMUJERES para construir e impulsar estrategias dirigidas a erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas.

Necesarias políticas públicas para que mujeres puedan disfrutar de tiempo libre

 


El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres ONU Mujeres, la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (DAG-CEPAL) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), organizaron la XI Reunión Internacional de Expertas y Expertos en Generación y Análisis de Información sobre Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado los días 17 y 18 de junio del presente año en la ciudad México.
La reunión se realizó en el marco de las actividades del Programa del Grupo de Trabajo de Estadísticas de Género de la Conferencia Estadística de las Américas (CEA-CEPAL), el cual tiene entre sus líneas de trabajo estratégicas el fortalecimiento de capacidades para sustentar políticas de cuidado con evidencias empíricas sobre el trabajo no remunerado (TNR) que realizan mayoritariamente las mujeres.
El estudio sobre uso del tiempo es fundamental para apreciar las diferencias entre mujeres y hombres y para hacer visible el valor social y económico del trabajo no remunerado –doméstico y de cuidado de personas- que se realiza al interior de los hogares. El uso del tiempo determina la participación de mujeres y hombres en los distintos ámbitos, para las mujeres el dedicar una gran parte de su tiempo en los quehaceres domésticos y el cuidado de personas ha sido una de las barreras para incorporase en igualdad de condiciones al mercado laboral.
Las reuniones que se han desarrollado en los últimos 10 años han contribuido a posicionar el tema en la región de América Latina y el Caribe y a avanzar en el diseño de encuestas e indicadores para la generación de insumos para programas de política pública.
Este año la reunión se centró en los desafíos que representan la generación y análisis de la información necesaria para elaborar mediciones del valor económico del TNR, haciendo énfasis en el TNR de cuidados que realizan hombres y mujeres, lo cual es de especial relevancia para la elaboración de políticas públicas basadas en evidencias. La reunión brindó a los especialistas en estadísticas sobre el tema la oportunidad de discutir y reflexionar sobre los retos al respecto y las respuestas técnicas y metodológicas desde sus distintos ámbitos de especialidad ya sea en la de la administración pública, la academia o en organismos internacionales.
Más puntualmente, se discutieron temas como: las consecuencias de la carga de TNR, en especial en el tema de cuidados, sobre la autonomía económica de las mujeres; las estadísticas básicas requeridas, provenientes de otras fuentes de datos, para la elaboración de las cuentas satélite de TNR; los retos técnico-metodológicos en la preparación de las cuentas satélite de TNR. Igualmente, las y los participantes tuvieron la ocasión de conocer los trabajos, experiencias recientes y desafíos en la materia que tienen algunas oficinas de estadística de la región de América Latina que han levantado información y están elaborando cálculos para la medición del TNR.
El Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentaron los resultados de la Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social que se levantó en 2012. Entre sus principales hallazgos se encuentran:
•             En 52% de los hogares hay al menos una persona que requiere de cuidados -ya sea porque tiene limitaciones permanentes (5.2%), es menor de 15 años (45.1%), o tuvo alguna enfermedad la semana anterior a la entrevista (7.9%).
•             El 25.1% de las personas que viven en áreas urbana requieren de algún tipo de cuidado en sus hogares:
o             50.1% son mujeres y 49.9% son hombres
o             86.6% son menores de 15 años
o             6.2% tienen alguna limitación permanente
o             9.9% estuvieron enfermos solo temporalmente
•             De las personas que brindan apoyo a las personas con limitaciones permanentes que requieren de cuidados continuos, 58.6% son miembros del mismo hogar, 35.7% pertenecen a otros hogares y lo hacen de manera gratuita y 5.7% lo hacen por un pago.
•             Más de tres cuartas partes de las personas que realizan cuidados, son mujeres.
•             De las mujeres que realizaron actividades de cuidado a menores de 15 años, 23.2%  de las económicamente activas son las únicas en su hogar que hizo ese tipo de actividades contra el 36.6% de las no económicamente activas.
•             19.3% de las mujeres que cuidan a personas con limitaciones permanentes han tenido conflictos relacionados con esa actividad, con otras personas (familiares o no familiares).
•             A 26% de las mujeres ocupadas les gustaría cambiar su horario de trabajo (manteniendo el número de horas y misma remuneración). La principal razón que da una tercera parte de ellas, es para dedicar más tiempo al cuidado de sus hijos.
•             79.3% de las mujeres que no trabajan o que nunca han trabajado y realizan actividades de cuidado en sus hogares, dicen que les gustaría trabajar para el mercado.
•             36.0% de las mujeres que no trabajan actualmente o nunca lo han hecho, dijeron que la razón ha sido que tienen que cuidar a sus hijos o familiares.


En México una mujer gana 30 por ciento menos que un hombre, por la misma actividad

En el “Primer Seminario de Política Pública y Presupuesto Público con Perspectiva de Género”, el diputado José Sergio Manzur Quiroga (PRI) reconoció que en México una mujer gana 30 por ciento menos que un hombre, por una misma actividad, situación que amerita corregirse.
 
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública dijo que la Constitución Política señala que hombres y mujeres son iguales, pero la realidad muestra una cara distinta. Por lo tanto, indicó, que el compromiso es orientar políticas y acciones públicas con perspectiva e igualdad de género.

Precisó que el nivel de escolaridad de la mujer es de tres a cuatro años menor respecto al del hombre; hay, incluso, mayor analfabetismo entre las mexicanas. Además, padecen una diferencia significativa en la cobertura de los servicios médicos.
 
Sin embargo, Manzur Quiroga resaltó que nadie puede negar que de 1953 –año en que se incorporan los derechos políticos de las mujeres a la vida política nacional- a la fecha han existido avances.
 
Un ejemplo: en la XLII legislatura sólo había una mujer; en la LV 58, y hoy en la LXII, son 189 diputadas, precisó.
 
Destacó que es importante impulsar reformas para que los programas federales, estatales y municipales tengan un presupuesto democrático, moderno, productivo, justo y siempre tendente a la perspectiva de género.
 
En las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, la secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Tanya Rellstab Carreto (PRI), hizo votos para que con este seminario se avance en el empoderamiento de la mujer. México, aseguró, ha alcanzado políticas públicas de equidad y género.

“Estamos aquí para lograr que todas las jefas de familia y mujeres emprendedoras tengan mejores oportunidades, a través de las leyes. Sólo se podrá alcanzar con conocimiento y educación”, afirmó.

El subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Fernando Galindo Favela, reconoció que México es el cuarto país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con menor participación laboral femenina.
 
La tasa de participación de mujeres en alguna actividad económica remunerada, dijo, es apenas mayor a 4 de cada 10; por cada 4 mujeres económicamente activas existen más de 7 hombres trabajando y recibiendo una remuneración por su actividad.
 
Resaltó que según el Índice de Discriminación Salarial 2012, es necesario incrementar 5 por ciento los salarios de las mujeres para lograr la igualdad. Sin embargo, agregó, en algunas ocupaciones la brecha es mucho mayor, pues a menor nivel socioeconómico hay menor nivel educativo y la brecha se ensancha.
 
Comentó que las mujeres tienen una mayor presencia en el sector informal, con 7 puntos porcentuales por arriba de la de los hombres. Por ello, dijo, las políticas sectoriales deben facilitar la transición de las mujeres a actividades más productivas y de mayor remuneración.
 
Galindo Favela destacó que el presupuesto 2013 se incrementó un 8 por ciento respecto al año pasado y los programas con impacto transversal para la igualdad de género pasaron de 74 en 2012 a 101 en 2013.
 
Explicó que el Plan Nacional de Desarrollo incluye la perspectiva de género, como uno de los tres ejes transversales para acelerar la igualdad entre las mujeres y hombres.
 
A su vez, la diputada María Leticia Mendoza Curiel (PRI), secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género, resaltó que la estrategia para reducir las brechas de desigualdad es la asignación de recursos, pues representa un mecanismo para concretar acciones y visibilizar los compromisos del país con las mujeres y las niñas.
 
Puntualizó que incorporar la perspectiva de género es un asunto que requiere no sólo de voluntad política y de la asignación de recursos, sino también desarrollar e incrementar las capacidades técnicas de quienes se dedican a la función pública, ya que además de visibilizar las desigualdades, es necesario atenderlas.
 
Se tiene la obligación de seguir impulsando y evaluando los programas dirigidos a la igualdad entre mujeres y hombres, pues con ello avanza el país, apuntó.
 
La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República, Diva Hadamira Gastélum Bajo (PRI), resaltó que es fundamental que el gobierno federal y el Poder Legislativo sigan siendo sensibles con el tema de mujeres y lo establezcan como una prioridad, mejoren el marco jurídico y otorguen mejores presupuestos.
 
Detalló que desde la LVII Legislatura los presupuestos dirigidos a la mujer se han incrementado, aunque precisó que apenas este rubro tiene el 6.7 por ciento de lo que representa la bolsa total del país.
 
Se pronunció en favor de que el presupuesto del próximo año sea histórico y emblemático, el cual permita ponerle punto final a este litigio que no concluye. “En esta legislatura y este año vamos a tener un avance muy importante que se verá reflejado en la vida de las mujeres”.
 
La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, indicó que para este año el presupuesto ronda los 19 mil millones de pesos y en sólo 6 años los recursos destinados a promover la igualdad entre hombres y mujeres se incrementaron en 167 por ciento.
 
Destacó que es necesario utilizar el presupuesto en acciones que fortalezcan la igualdad de género. “Requerimos hacer una planeación conjunta, mantener una evaluación permanente y renovar el compromiso para erradicar la práctica de subejercicios”.
 
Tenemos, dijo, que transformar el presupuesto público con perspectiva de género en una herramienta estratégica que reduzca las desigualdades que viven las mujeres respecto de los hombres en los ámbitos social, cultural, político y económico.
 
En su turno, la representante en México de la ONU-Mujeres, Ana Güezmes García, consideró que el presupuesto es el instrumento para concretar las políticas públicas; es un indicador económico de compromiso con la sociedad y los derechos humanos, y es una herramienta fundamental para democratizar el Estado.
 
Resaltó que la inversión de igualdad de género es urgente, por lo que se debe acelerar el ritmo para que sea una realidad. “Es una inversión inteligente porque Naciones Unidas ha demostrado que invertir en el avance de las mujeres es el principal acelerador del logro de los objetivos de desarrollo del milenio”, afirmó.
 
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Martha Lucía Mícher Camarena (PRD), aseveró que es necesario romper con paradigmas, a fin de crear conciencia en el tema de la equidad.
 
Refirió que es insoslayable promover el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres en todos los ámbitos sociales. “Vamos por buen camino, pero aún falta mucho para ver una verdadera equidad de género a nivel nacional”.
 
La legisladora propuso hacer un análisis donde se desagreguen por sexo las estadísticas, para ampliar el panorama e implementar acciones concretas. “Si no se hace de esa forma, no sirve para nada ninguna investigación”, advirtió.
 
Estimó necesario realizar un estudio de los recursos aplicados en el presupuesto del año anterior, “para saber qué se hizo y así perfeccionar las acciones respecto al presupuesto del siguiente año”.
 
Opinó que se debe incorporar en el próximo presupuesto un apartado denominado derechos humanos de las niñas y mujeres, para visibilizar cuánto asigna cada estado o municipio a estos rubros.
 
Al participar la diputada Norma Ponce Orozco (PRI), secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, afirmó que el Estado mexicano ha realizado acciones dirigidas a la equidad de género, en respuesta a requerimientos internacionales, nacionales y de la sociedad civil, tales como la incorporación de la perspectiva de género en los presupuestos públicos.
 
“Ello permite diseñar políticas y programas que den soluciones reales a los problemas sociales y optimizar los recursos existentes, para lograr el bienestar y reducir la brecha de desigualad”.
 
Añadió que sin la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional, México tendría una democracia imperfecta y enfrentaría fuertes barreras de desarrollo económico, político y social.
 
En la segunda y última parte de este foro, la consultora regional de la ONU-Mujeres, María de la Paz López Barajas, dijo que es necesario trabajar con las entidades federativas en materia de gestión de recursos, para revisar la metodología con que se construye la política pública con perspectiva de género.

Indicó que se requiere construir mecanismos que permitan hacer diagnósticos confiables, para focalizar los problemas. “También evaluar cómo se invierte el recurso, si hay una intervención correcta y si la forma como se ejerce esa política realmente está beneficiando a las mujeres”.

Dijo estar consciente de que no toda la política pública que se construye en nuestro país tendrá enfoque de género, “pero lo que si estamos obligados a hacer, es revisar que todas las acciones, programas y planes no discriminen a las mujeres”.
 
La secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Marcela Eternoud Arámburu, planteó especificar indicadores con perspectiva de género para elaborar los diagnósticos de esta problemática, “y contar no con un programita especial, sino con un programa transversal al cual se van a tener que anclar todos los proyectos sectoriales”.
 
Indicó que se requieren indicadores que permitan ver cómo se da la política pública en este rubro y sensibilizarnos. “¿Cómo pueden ser fríos los números si me dicen que seis o siete de cada 10 mujeres han sufrido violencia y que entre las personas que no tienen ingresos propios, siete de 10 son mujeres? No son números fríos, son aterradores porque nos dicen de qué magnitud es la tarea que debemos emprender”.
 
Señaló que es indispensable institucionalizar los indicadores con perspectiva de género y propuso que sea a través del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica en el que concurren secretarías de Estado y los tres órdenes de gobierno, la manera en que esa información incluya la mirada de género a profundidad.
 
“Si logramos que la perspectiva de género sea obligatoria en todos los proyectos de generación de información, tendremos los indicadores que necesitamos para la construcción, sin marcha atrás, de las políticas de género”, señaló.
 
En su oportunidad, Eduardo Villarreal Cantú, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señaló que los desafíos de política pública en democracia y gobernanza son enormes “porque implican cooperación, cuestión difícil en política, pero se trata de un tema irrenunciable si se busca mantener un verdadero status democrático”.

Afirmó que no se trata de inventar leyes impecables en el diseño e irrealizables en la vida real. “Se deben lograr normas que hagan factible gestionar una serie de recursos orientados para un fin específico, como resolver los problemas que demanda la sociedad”.
 
En su oportunidad, la economista Lucía Pérez Fregoso, promotora de la equidad de género, indicó que el país requiere políticas fiscales activas para erradicar la desigualdad, que cambien y busquen transformar la sociedad y se encaminen a cerrar brechas de desigualdad y distribución del ingreso.
 
Posteriormente, la diputada Guadalupe Talamante Lemas, secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, clausuró los trabajos de este seminario.
 
Fuente: Cámara de Diputados