Mucho es lo que se ha denunciado,
y con razón, sobre la desigualdad que viven las mujeres en el mundo, en el
ámbito laboral, educativo, económico y político, entre otros. Sin embargo,
existe uno en particular en el que la desigualdad es incluso cuestión de
supervivencia y es la que sufren las mujeres prisioneras en las cárceles del
mundo.
De acuerdo con un informe del
Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género
(CEAMEG) de la Cámara de Diputados, las mujeres privadas de su libertad
representan uno de los grupos sociales más marginados debido a su condición de
género, ya que el sistema penitenciario ha sido creado por hombres y responde a
sus necesidades e intereses, sin tomar en cuenta las de las mujeres.
El CEAMEG acusó que las mujeres
en prisión se enfrentan a legislaciones inequitativas centradas en el punto de
vista eminentemente masculino, a pesar de existir una normatividad
internacional de protección, que en la realidad no se aplica.
La mayoría de las reclusas purgan
condenas por delitos contra la salud, ya que comúnmente son utilizadas para
transportar drogas, con la diferencia de que a pesar de hacerlo en cantidades
relativamente pequeñas sufren penas más severas que los varones, debido a que
muchas no tuvieron una defensa adecuada
y oportuna, en condiciones de igualdad y sin discriminación.
Aunado a esto, un estudio del
Colegio de México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las cárceles para
mujeres son insuficientes, además de presentar problemas de sobrepoblación y
servicios. Las denuncias por golpes, amenazas, chantajes y acoso sexual por
parte del personal de los centros penitenciarios son constantes.
Por si la violación a sus
derechos humanos no fuera suficiente para las mujeres que purgan alguna
condena, existe un fenómeno más que ha ido incrementándose: las niñas y los
niños que viven con sus madres presas y que lo hacen en condiciones de
vulnerabilidad, hacinamiento y sin una perspectiva en su futuro.
A pesar de que en un decreto
firmado por el presidente Calderón se establecen las Normas Mínimas de
Readaptación Social de Sentenciados, en las que se especifica que las hijas e
hijos de internas que permanezcan con ellas dispondrán de los espacios
correspondientes para asegurar su desarrollo integral, incluidos servicios de
alimentación, salud y educación hasta los seis años, nada de esto se ha
cumplido debido a la falta de recursos, pero principalmente a la falta de
voluntad política que niega a estas mujeres el derecho a la justicia y
reintegración a la sociedad.
Para corregir esta situación, el
CEAMEG ha planteado establecer diversas medidas como incluir como derecho
constitucional el respeto a la dignidad de las mujeres privadas de su libertad
en un entorno de no discriminación, igualdad y acceso real a la justicia,
además de introducir en los Códigos Penales mecanismos que permitan la igualdad
en sus procesos y establecer en la legislación un apartado dedicado a las
mujeres privadas de su libertad, donde se indique que deben estar en un espacio
adecuado con instalaciones funcionales y mejores servicios de salud.
Solamente así estas mujeres
podrán vislumbrar la posibilidad de reintegrarse a una sociedad que,
independientemente del delito cometido, las juzga y condena sin ninguna
posibilidad de perdón.
Fuente: SUMA DF
