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INMUJERES atiende, con capacitación con perspectiva de género, resolución de la CIDH

 
En un hecho sin precedentes, el Instituto Nacional de las Mujeres evaluó, a un año del arranque, el Seminario de Capacitación en Perspectiva de Género, Derechos Humanos de las Mujeres y Acceso a la Justicia, impartido a personal de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito de Chihuahua.
Con el objetivo de lograr un cambio cultural entre el personal de la Fiscalía y la incorporación de estándares internacionales de derechos humanos en su quehacer institucional, el seminario fue impartido en cumplimiento de las nueves recomendaciones que asumió el Estado mexicano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Paloma Angélica Escobar Ledezma, asesinada en esta ciudad en marzo de 2002, que se tradujeron en 23 acciones, entre ellas la capacitación al personal de la Fiscalía en estos temas.
Chihuahua es el primer estado que recibe esta capacitación, modelo que el INMUJERES replicará en todo el país, pues el reto no es menor, señaló Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto. “En materia de justicia tenemos una deuda histórica con las mujeres que urge saldar. Por ello, es necesario impulsar nuevos métodos de procuración de justicia que tengan en cuenta el respeto irrestricto a los derechos de las mujeres; no podemos tolerar omisiones ni tratos discriminatorios en estas tareas”, sostuvo.
Agregó que es fundamental revertir ancestrales patrones culturales patriarcales, machistas y misóginos en la sociedad civil, pero sobre todo en el personal vinculado a la procuración de justicia, mediante la capacitación con perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres, que juega un doble papel: no sólo el correctivo, sino preventivo de la discriminación y violencia institucional contra las mujeres. “Los ojos del país están puestos en Chihuahua, el reto es hacer de ésta la mejor fiscalía de México”, subrayó.
“Este proceso de capacitación, para hacer efectivo el derecho de las mujeres a la justicia, es la mejor forma de honrar la memoria de Paloma”, dijo a Norma Ledezma, madre de Paloma, a quien elogió su fortaleza de espíritu y lucha por la justicia.
La también fundadora de la organización Justicia para Nuestras Hijas reconoció los esfuerzos del Instituto Nacional de las Mujeres por lograr para ellas una vida libre de violencia.
El seminario fue impartido a agentes del Ministerio Público, policías ministeriales, peritos y organizaciones civiles acompañantes solidarias de víctimas. En la entrega de constancias estuvo presente, además, Ernesto Jáuregui, titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito en la entidad.

Se impulsan esfuerzos en favor de jornaleras agrícolas



A fin de mejorar la calidad de vida de las jornaleras agrícolas del país, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Procuraduría Agraria y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) suscribieron el Convenio de Colaboración para el Proyecto “Formación de Gestores Comunitarios en Derechos Humanos, Laborales y Agrarios con Perspectiva de Género”. 

La Presidenta de INMUJERES, Lorena Cruz Sánchez, consideró que el Convenio profundizará las acciones para cortar las brechas que separan a las trabajadoras jornaleras de su derecho al trabajo, a la autonomía económica, a la tenencia de la tierra y a permanecer en sus lugares de origen. 

Las jornaleras, señaló, tienen una mayor vulneración a su derecho a la igualdad, ya que las expresiones de discriminación y violencia de género se recrudecen en el campo y en las personas indígenas, por lo que se tiene que trabajar con las comunidades y sus autoridades para revertir esta tendencia. 

La funcionaria federal invitó a las titulares de las instancias estatales y municipales de la mujer a sumarse a este acuerdo para abarcar toda la República Mexicana y, de esa manera, aplicar los programas en cada una de las comunidades donde existe abuso hacia las jornaleras y sus familias. 

Por su parte, el Subsecretario de Inclusión Laboral, Ignacio Rubí Salazar, resaltó la suma de esfuerzos institucionales para la formación de dichos gestores, quienes asesorarán a trabajadores agrícolas en su comunidad de origen, durante el tránsito a las entidades destino y en los centros de trabajo. 

A través de este Convenio, que tendrá vigencia hasta el 30 de noviembre de 2018, se pretende apoyar la certificación de competencias de jornaleros agrícolas, así como promover y procurar la defensa de sus derechos humanos, laborales y agrarios, con perspectiva de género, apuntó. 

El funcionario federal destacó como componentes esenciales en este esfuerzo la Seguridad Social y la productividad, condición indispensable para contribuir al crecimiento económico y con ello mejorar los niveles de bienestar de los más de 500 mil trabajadores agrícolas migrantes, principalmente de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Veracruz. 

“El contenido de este Convenio y sus alcances están enmarcados en los objetivos Plan Nacional de Desarrollo: apoyo a personas en condiciones de vulnerabilidad, la defensa de los derechos humanos y el impulso a la empleabilidad de los mexicanos, entre otros”, sostuvo. 

Por su parte, el Secretario General de la Procuraduría Agraria, Eduardo Alviso Rentería, aseguró que para su dependencia es de primordial importancia dicho convenio, en virtud de está orientado a favor de los jornaleros. 

El número de estos trabajadores agrícolas que son sujetos a derecho contemplados en la Ley Agraria, es relevante y su capacitación para que conozcan sus derechos es vital para ellos, dijo Alviso Rentería, quien asistió con la representación del titular de la Procuraduría Agraria, Cruz López Aguilar. 

Tras enfatizar que la Procuraduría Agraria se suma al esfuerzo para atender a este sector de la población de una manera coordinada, mencionó que esa dependencia pone a disposición a sus 900 visitadores y 280 abogados en la materia, como fuerza de operación para el Convenio. 

El convenio fue signado además por el Director General para la Igualdad Laboral de la STPS, Sergio Saldaña del Moral; el Director General de Asuntos Jurídicos de la CDI, Francisco Cedillo Tecayehuatl; el Director General de Organización de la Procuraduría Agraria, Javier Elías Pérez Galindo, y la Directora General de Transversalización de la Perspectiva de Género del INMUJERES, María Guadalupe Díaz Estrada. 

Al evento también asistió el Coordinador de Delegaciones de la Procuraduría Agraria, Francisco García Manilla; la Directora de Derechos Indígenas del CDI, Ismerai Betanzos Ordaz, y la Directora de Desarrollo Humano Sustentable del INMUJERES, María del Carmen Juárez Toledo.