A fin
de mejorar la calidad de vida de las jornaleras agrícolas del país, el
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, la Procuraduría Agraria y la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) suscribieron el Convenio de
Colaboración para el Proyecto “Formación de Gestores Comunitarios en Derechos
Humanos, Laborales y Agrarios con Perspectiva de Género”.
La
Presidenta de INMUJERES, Lorena Cruz Sánchez, consideró que el Convenio
profundizará las acciones para cortar las brechas que separan a las
trabajadoras jornaleras de su derecho al trabajo, a la autonomía económica, a
la tenencia de la tierra y a permanecer en sus lugares de origen.
Las
jornaleras, señaló, tienen una mayor vulneración a su derecho a la igualdad, ya
que las expresiones de discriminación y violencia de género se recrudecen en el
campo y en las personas indígenas, por lo que se tiene que trabajar con las
comunidades y sus autoridades para revertir esta tendencia.
La
funcionaria federal invitó a las titulares de las instancias estatales y
municipales de la mujer a sumarse a este acuerdo para abarcar toda la República
Mexicana y, de esa manera, aplicar los programas en cada una de las comunidades
donde existe abuso hacia las jornaleras y sus familias.
Por su
parte, el Subsecretario de Inclusión Laboral, Ignacio Rubí Salazar, resaltó la
suma de esfuerzos institucionales para la formación de dichos gestores, quienes
asesorarán a trabajadores agrícolas en su comunidad de origen, durante el
tránsito a las entidades destino y en los centros de trabajo.
A
través de este Convenio, que tendrá vigencia hasta el 30 de noviembre de 2018,
se pretende apoyar la certificación de competencias de jornaleros agrícolas,
así como promover y procurar la defensa de sus derechos humanos, laborales y
agrarios, con perspectiva de género, apuntó.
El
funcionario federal destacó como componentes esenciales en este esfuerzo la
Seguridad Social y la productividad, condición indispensable para contribuir al
crecimiento económico y con ello mejorar los niveles de bienestar de los más de
500 mil trabajadores agrícolas migrantes, principalmente de Chiapas, Guerrero,
Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Veracruz.
“El
contenido de este Convenio y sus alcances están enmarcados en los objetivos
Plan Nacional de Desarrollo: apoyo a personas en condiciones de vulnerabilidad,
la defensa de los derechos humanos y el impulso a la empleabilidad de los
mexicanos, entre otros”, sostuvo.
Por su
parte, el Secretario General de la Procuraduría Agraria, Eduardo Alviso
Rentería, aseguró que para su dependencia es de primordial importancia dicho
convenio, en virtud de está orientado a favor de los jornaleros.
El
número de estos trabajadores agrícolas que son sujetos a derecho contemplados
en la Ley Agraria, es relevante y su capacitación para que conozcan sus
derechos es vital para ellos, dijo Alviso Rentería, quien asistió con la
representación del titular de la Procuraduría Agraria, Cruz López Aguilar.
Tras
enfatizar que la Procuraduría Agraria se suma al esfuerzo para atender a este
sector de la población de una manera coordinada, mencionó que esa dependencia
pone a disposición a sus 900 visitadores y 280 abogados en la materia, como
fuerza de operación para el Convenio.
El
convenio fue signado además por el Director General para la Igualdad Laboral de
la STPS, Sergio Saldaña del Moral; el Director General de Asuntos Jurídicos de
la CDI, Francisco Cedillo Tecayehuatl; el Director General de Organización de
la Procuraduría Agraria, Javier Elías Pérez Galindo, y la Directora General de
Transversalización de la Perspectiva de Género del INMUJERES, María Guadalupe
Díaz Estrada.
Al
evento también asistió el Coordinador de Delegaciones de la Procuraduría
Agraria, Francisco García Manilla; la Directora de Derechos Indígenas del CDI,
Ismerai Betanzos Ordaz, y la Directora de Desarrollo Humano Sustentable del
INMUJERES, María del Carmen Juárez Toledo.
