Las indígenas Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan fueron detenidas el 3 de agosto de 2006 y condenadas a 21 años de prisión por supuestamente secuestrar a seis agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), pese a que se liberó a la indígena Jacinta Francisco Marcial, acusada por los mismos hechos y en las mismas condiciones.
Ambas indígenas se encuentran presas en el Centro de Readaptación Social Femenil de San José El Alto, Querétaro.
Atendiendo su misión de promover y proteger los derechos humanos de las mujeres, combatir la discriminación y violencia motivada por razones de género, el INMUJERES ha dado un puntual seguimiento al caso de las indígenas otomíes y derivado del análisis jurídico de los documentos a los que tuvo acceso y desde la perspectiva de los derechos humanos, considera que había elementos suficientes para que hubieran sido liberadas por esos cargos.
El INMUJERES ve con preocupación la sentencia de 21 años de cárcel contra las indígenas Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan.
Como sucedió en el caso de Jacinta Francisco Marcial, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, encontraron también serias dificultades para acceder a un juicio justo bajo los parámetros del debido proceso legal y de respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres.
Por su condición de ser mujeres, indígenas y tener precarias condiciones económicas, estas circunstancias se tradujeron en actos discriminatorios, tales como dificultades para acceder al debido proceso, que implica el derecho a la presunción de inocencia, a una defensa efectiva, a contar con traductores, a una justicia pronta, expedita e imparcial, entre otros derechos reconocidos por el sistema jurídico mexicano y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.
El INMUJERES confía que con la apelación de este caso se pueda corregir el veredicto del juez y se incorporen los estándares internacionales de los derechos humanos y la perspectiva de género, pues el Poder Judicial de la Federación se ha caracterizado por incorporar estos preceptos en su quehacer institucional, a través de la creación de la Coordinación General del Programa de Equidad de Género del Poder Judicial de la Federación.
Fuente: INMUJERES
Ambas indígenas se encuentran presas en el Centro de Readaptación Social Femenil de San José El Alto, Querétaro.
Atendiendo su misión de promover y proteger los derechos humanos de las mujeres, combatir la discriminación y violencia motivada por razones de género, el INMUJERES ha dado un puntual seguimiento al caso de las indígenas otomíes y derivado del análisis jurídico de los documentos a los que tuvo acceso y desde la perspectiva de los derechos humanos, considera que había elementos suficientes para que hubieran sido liberadas por esos cargos.
El INMUJERES ve con preocupación la sentencia de 21 años de cárcel contra las indígenas Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan.
Como sucedió en el caso de Jacinta Francisco Marcial, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, encontraron también serias dificultades para acceder a un juicio justo bajo los parámetros del debido proceso legal y de respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres.
Por su condición de ser mujeres, indígenas y tener precarias condiciones económicas, estas circunstancias se tradujeron en actos discriminatorios, tales como dificultades para acceder al debido proceso, que implica el derecho a la presunción de inocencia, a una defensa efectiva, a contar con traductores, a una justicia pronta, expedita e imparcial, entre otros derechos reconocidos por el sistema jurídico mexicano y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.
El INMUJERES confía que con la apelación de este caso se pueda corregir el veredicto del juez y se incorporen los estándares internacionales de los derechos humanos y la perspectiva de género, pues el Poder Judicial de la Federación se ha caracterizado por incorporar estos preceptos en su quehacer institucional, a través de la creación de la Coordinación General del Programa de Equidad de Género del Poder Judicial de la Federación.
Fuente: INMUJERES
