Al presentar el libro Feminicidio en México. Aproximación Tendencias y cambios 1985-2009, el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Armando Ríos Piter, precisó que la obra tendrá que ser la plataforma para revisar el marco jurídico y evitar una “subcultura”, en dónde las propias leyes generan o permiten que exista éste fenómeno.El legislador del grupo parlamentario del PRD, dijo que es importante que se entienda el feminicidio en su profundidad, revisando los instrumentos y mecanismos que permitan que deje de ser invisible.
“Que esta obra sea la primera parte de todo un amplio camino de trabajo que habrá de sistematizar, darle metodología y buscar resultados específicos a través de la Ley; que sea una ruta crítica que quede como herencia para las próximas legislaturas”, agregó.
En tanto, la presidenta de la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han emprendido las autoridades competentes en Relación a los Feminicidios Registrados en México, diputada Teresa Incháustegui Romero (PRD) dijo que hay un incremento global de feminicidios en México de 68 por ciento. La legisladora del grupo parlamentario del PRD, precisó que hay un incremento de muertes en mujeres solteras de 41 a 42 por ciento entre el 2005 al 2009, siendo un fenómeno urbano, ya que solamente uno de cada diez asesinatos de mujeres tiene lugar en localidades de menos de mil habitantes.
Informó que hay 9 entidades en donde los feminicidios crecen hasta en 500 por ciento, como es el caso de Durango y Baja California, por lo que sugirió profundizar en las dinámicas locales que están siendo parte de este fenómeno.
En el libro se precisa sobre la forma en que mueren las mujeres, las edades y lugares en qué fue perpetrado el evento, detectando un incremento en el feminicidio social, es decir, muchas son encontradas en lugares públicos.
También muestra el comportamiento constante que se presenta en los homicidios de mujeres, disparándose en el año 2007, debido a la lucha con el narcotráfico, por lo que planteó que a mayor incremento de la violencia social, sea por organizaciones criminales o por otros conflictos, hay un incremento en la violencia de género.
Agregó que una cuarta parte de los feminicidios se concentra en menores de quince años, donde entre el ocho y el nueve por ciento son muertes en niñas de 0 a cuatro años, le siguen las de cinco a nueve y de diez a catorce, generando un total de 25 por ciento de menores de edad que están muriendo.
“Es un crimen específico, sui géneris, que se hace con una brutalidad y violencia enorme”, añadió.
Ante ello, dijo que el homicidio en hombres con arma de fuego es de 70 por ciento, mientras que en las mujeres es el 40 por ciento; que va incrementándose debido a la proliferación de armas, además de que sufren lesiones con armas punzocortantes, ahorcamientos, quemaduras, de dos a tres veces más que la frecuencia en que ocurren en los hombres, sin contar los daños que sufren antes de su muerte.
A lo anterior se suma la impunidad y falla de las autoridades al procurar justicia, por lo que es necesario, precisó, establecer un modelo de registro en dónde se diga qué información se va a recoger y bajo qué medio; participar en el modelo del certificado y tener un instrumento eficaz en la aplicación de la norma, que establece los servicios de atención a la violencia sexual y en contra de las mujeres que no se aplica en los hospitales públicos.Incháustegui Romero añadió que la obra, presentada en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, presenta datos del registro de mortalidad de mujeres, recaba esfuerzos para eliminar la invisibilidad que pesa sobre los homicidios y permite conocer mejor el fenómeno, a fin de contar con herramientas para combatirlo.
En su intervención, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Rocío García Gaytán, precisó que el estudio permite presentar evidencias a los estados para homologar las penas, además de que propone acciones directas para detenerlos y sancionarlos.
Dijo que es importante que México homologue sus penas, ya que mientras algunos estados, cuando sancionan los feminicidios de 16 a 41 años, más bajo que el homicidio calificado, algunos lo castigan de 40 a 70 años.Informó que hay estados que a pesar de contar con la tipificación de este delito, no han girado ninguna orden de protección, lo que lo hace contraproducente, ya que puede evitar que se sigan contabilizando los feminicidios.
Señaló que el documento permite crear políticas públicas desde la perspectiva de género, así como medidas para atender y sancionar la violencia, “si analizáramos cuánto le cuesta al estado la violencia contra las mujeres, en salud, en empleo o de niñas que dejan de ir a la escuela por este problema, se sensibilizarían de lo grave que es el feminicidio”.
Agregó que el gran desafío es que el Sistema de Justicia tenga una visión de género y que cuente con las herramientas técnicas, teóricas y jurídicas necesarias para sancionar un crimen por el hecho de ser mujer.
Por su parte Ana Güezmes García, directora regional de ONU Mujeres para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana, dijo que la obra es un reconocimiento a la memoria de 34 mil mujeres víctimas de homicidios ocurridos en los últimos 25 años, y a las defensoras de los derechos humanos, madres, hijas, hermanas que se dedican a la búsqueda de la justicia.
Asimismo, a las mujeres desaparecidas que muchas veces son re victimizadas por los sistemas de Procuración de Justicia, incapaces de dar respuesta a su situación.
“Estas cifras, reflejadas en la obra, nos duelen, nos indignan, nos llaman a la acción de una respuesta urgente; la violencia contra las mujeres viola el derecho a la vida, el derecho a vivir sin violencia, a la dignidad, a la libertad, a la seguridad, a no ser sometida a tortura, en donde además se les niega el derecho a la justicia y a la reparación del daño”, afirmó.
Informó que la obra se suma al convenio de colaboración conjunta entre el Sistema de las Naciones Unidas con la Cámara de Diputados, para la prevención, sanción, atención y eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas.
En su intervención, la directora de la campaña “Únete para poner fin a la violencia para las mujeres”, Nadine Gasman, precisó que en México, en los últimos 30 años han asesinado a más de mil 200 mujeres cada año, ocupando una de las tasas más, altas a nivel mundial.
Coincidió en que son necesarios mayores esfuerzos políticos y sociales para que las mujeres alcancen el derecho a vivir una vida libre de violencia.
La obra fue realizada por la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a los Feminicidios Registrados en México, en colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres, ONU Mujeres y el Colegio de México para dar respuesta a la violencia de género y a la impunidad que la envuelve.
En su intervención, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Rocío García Gaytán, precisó que el estudio permite presentar evidencias a los estados para homologar las penas, además de que propone acciones directas para detenerlos y sancionarlos.
Dijo que es importante que México homologue sus penas, ya que mientras algunos estados, cuando sancionan los feminicidios de 16 a 41 años, más bajo que el homicidio calificado, algunos lo castigan de 40 a 70 años.Informó que hay estados que a pesar de contar con la tipificación de este delito, no han girado ninguna orden de protección, lo que lo hace contraproducente, ya que puede evitar que se sigan contabilizando los feminicidios.
Señaló que el documento permite crear políticas públicas desde la perspectiva de género, así como medidas para atender y sancionar la violencia, “si analizáramos cuánto le cuesta al estado la violencia contra las mujeres, en salud, en empleo o de niñas que dejan de ir a la escuela por este problema, se sensibilizarían de lo grave que es el feminicidio”.
Agregó que el gran desafío es que el Sistema de Justicia tenga una visión de género y que cuente con las herramientas técnicas, teóricas y jurídicas necesarias para sancionar un crimen por el hecho de ser mujer.
Por su parte Ana Güezmes García, directora regional de ONU Mujeres para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana, dijo que la obra es un reconocimiento a la memoria de 34 mil mujeres víctimas de homicidios ocurridos en los últimos 25 años, y a las defensoras de los derechos humanos, madres, hijas, hermanas que se dedican a la búsqueda de la justicia.
Asimismo, a las mujeres desaparecidas que muchas veces son re victimizadas por los sistemas de Procuración de Justicia, incapaces de dar respuesta a su situación.
“Estas cifras, reflejadas en la obra, nos duelen, nos indignan, nos llaman a la acción de una respuesta urgente; la violencia contra las mujeres viola el derecho a la vida, el derecho a vivir sin violencia, a la dignidad, a la libertad, a la seguridad, a no ser sometida a tortura, en donde además se les niega el derecho a la justicia y a la reparación del daño”, afirmó.
Informó que la obra se suma al convenio de colaboración conjunta entre el Sistema de las Naciones Unidas con la Cámara de Diputados, para la prevención, sanción, atención y eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas.
En su intervención, la directora de la campaña “Únete para poner fin a la violencia para las mujeres”, Nadine Gasman, precisó que en México, en los últimos 30 años han asesinado a más de mil 200 mujeres cada año, ocupando una de las tasas más, altas a nivel mundial.
Coincidió en que son necesarios mayores esfuerzos políticos y sociales para que las mujeres alcancen el derecho a vivir una vida libre de violencia.
La obra fue realizada por la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a los Feminicidios Registrados en México, en colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres, ONU Mujeres y el Colegio de México para dar respuesta a la violencia de género y a la impunidad que la envuelve.
Fuente: Cámara de Diputados
