Después de presentar la solicitud de Alerta de Violencia de Género en los municipios de Tula y Atitalaquia, la organización Servicios de Inclusión Integral AC realizó un foro con el objetivo de informar sobre este mecanismo de emergencia estipulado en la normatividad federal.
Como ponente principal estuvo el Coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres, Pablo Navarrete Gutiérrez, quien expuso a través de una conferencia magisterial los puntos en los cuales se debe de basar una Alerta de Violencia de Género y, según su criterio, cómo puede mejorarse el procedimiento de declaratoria.
Para declarar una Alerta, explicó el especialista, debe haber alguna de dos circunstancias: la presencia contextual de violencia contra las mujeres (como los feminicidios ocurridos en la región de Tula hace un par de meses) o un agravio comparado, lo cual significa que los derechos no se aplican de manera equitativa entre hombres y mujeres.
Uno de los puntos que destacó Navarrete Gutiérrez en el segundo punto son algunas leyes estatales, las cuales a delitos iguales no se castiga de la misma forma. Por ejemplo, hay estados donde sigue existiendo rapto, donde un hombre secuestra a una mujer para obligarla a tener relaciones sexuales, o casarse.
En 21 estados de la República sigue vigente en sus normatividad penal, con sanciones que van de los seis meses a seis años de prisión, pero cuando el raptor se casa con su víctima desaparece el delito. Navarrete indicó que ese tipo de acciones no son equiparables con el secuestro, donde hay sanciones de más de 15 años.
Es por ello que el integrante de INMUJERES aseguró que la Alerta no sólo debe de aplicarse al Poder Ejecutivo, encargado de la Seguridad Pública, sino al Legislativo y Judicial, encargados de crear las leyes e impartir justicia respectivamente.
Para solucionar la problemática, en especial la de los municipios de Tula y Atitalaquia, el funcionario quien también es miembro de la Sección Mexicana de Amnistía Internacional, entregó desde hace un par de meses al Gobierno de Hidalgo.
Estas medidas se podrían resumir en acciones que surjan desde el Gobierno Estatal para mandar un mensaje a la sociedad de que se realizan políticas contra la violencia de género, que sean incluyentes y se apliquen sanciones contra las personas que no cumplan con ellas, estén dentro o fuera de las instituciones.
Fuente: Milenio
