La delegación del Estado mexicano
encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade
Kuribreña; la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de
Gobernación, Lía Limón García; el subprocurador Ricardo García Cervantes; y el
gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, presidente de la Comisión de
Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), participó
este miércoles en el Examen Periódico Universal (EPU), del Consejo de Derechos
Humanos, con sede en Ginebra, Suiza.
En este foro, el secretario de
Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, presentó el segundo
informe sobre la situación de los derechos humanos en México, en el que se refirió al nuevo marco constitucional
y legal, basado en el reconocimiento y protección de los derechos humanos como
ejes rectores de la acción del Estado.
En la sala de sesiones del
Consejo de Derechos Humanos de la ONU Ginebra, el titular de la Secretaría de
Relaciones Exteriores destacó la reforma constitucional en materia de derechos
humanos de 2011, que representa la mayor ampliación de derechos, desde la
promulgación de la Carta Magna en 1917.
El canciller Meade recordó que
dicha reforma reconoce la trascendencia de los derechos humanos previstos en
tratados internacionales de los que México es parte, así como los principios
pro persona, de universalidad, progresividad, interdependencia e
indivisibilidad.
La delegación mexicana estuvo
integrada, también, por diversas dependencias del Poder Ejecutivo,
representantes del Poder Legislativo y por el ombudsman nacional. La
composición plural de la delegación mexicana en este foro de Naciones Unidas
refleja el compromiso de los actores políticos del país y la decisión del
Estado de consolidar su agenda en materia de derechos humanos.
Durante la sesión participaron
representantes de 88 países, quienes reconocieron abiertamente el sólido marco
legislativo que México ha construido en materia de derechos humanos, de
conformidad con sus obligaciones internacionales. Los Estados también
celebraron el compromiso de México por fortalecer los instrumentos necesarios
para su implementación.
Los países participantes
coincidieron en los avances logrados en la atención de las recomendaciones
recibidas en la evaluación anterior, y alentaron al Estado mexicano a continuar
trabajando para lograr el pleno goce de los derechos humanos.
Durante su intervención, la
subsecretaria Lía Limón afirmó que las recomendaciones de los distintos países
serán estudiadas con detenimiento, para identificar retos y elaborar políticas
públicas en la materia.
Asimismo, la funcionaria de la
Secretaría de Gobernación reiteró la determinación de mantener la apertura de
nuestro país al escrutinio internacional y destacó la elaboración del Programa
Nacional de Derechos Humanos, que será fundamental para consolidar una política
de Estado que involucre a todas las autoridades y a la sociedad civil.
La subsecretaria Limón destacó el
pleno compromiso del Estado mexicano por el respeto y promoción a los derechos
humanos y destacó el profundo proceso de transformación estructural del orden constitucional y legal para
consolidar una política de Estado en la materia.
Por su parte, el subprocurador de
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la
Procuraduría General de la República, Ricardo García Cervantes, mencionó que
los avances se han logrado gracias al acuerdo de actores políticos,
organizaciones de la sociedad civil, así como de organismos defensores de
derechos humanos nacionales e internacionales, que han sido capaces de impulsar
una agenda conjunta en beneficio de los mexicanos.
En tanto, La Presidenta
del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, destacó
durante su intervención, que la creación del Programa Nacional para la Igualdad
de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018
(PROIGUALDAD), es una acción decisiva en favor de la equidad y la igualdad
que retoma las necesidades y demandas de
mujeres y hombres de todo el país y que
contribuye al cumplimiento de los ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018.
La titular del Inmujeres enfatizó que
el Estado mexicano condena la violencia contra las mujeres en todas sus formas.
En cumplimiento al marco legal que se ha establecido en un marco jurídico
nacional de prevención, atención y sanción que incluye a la Federación y a las
Entidades Federativas, el Gobierno de México se ha dado a la tarea de realizar
acciones a fin de lograr que las mujeres ejerzan de manera efectiva su derecho
a la justicia y coadyuvar a garantizar la integridad total de las mujeres y de
su familia que han sido víctimas de violencia de género.
A través del “Sistema Nacional para
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”, se
ha logrado conjuntar no solo el trabajo en los Poderes de la Unión y desde los
tres órdenes de gobierno, sino también, integrar Sistemas o Consejos Estatales
de Violencia contra las Mujeres y leyes locales en la materia en las 32
Entidades Federativas, cuyos instrumentos y mecanismos han permitido operar y
dar seguimiento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia y su Reglamento con una visión integral de Estado.
Por otro lado, la funcionaria federal
detalló que a nivel federal, se publicó en 2012 una reforma que tipifica el
delito de feminicidio dentro del Código Penal Federal, la que a su vez reformó
el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley General de Acceso a las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
con el fin de armonizarlas para una adecuada aplicación e investigación del
tipo penal y establecer facultades específicas a las autoridades. También se
estableció la obligación de crear y aplicar protocolos para su investigación.
Asimismo, Lorena Cruz Sánchez recordó
que el Poder Judicial de la Federación presentó en este año el Protocolo para
Juzgar con Perspectiva de Género. La salud sexual y reproductiva, es un derecho
básico y sobre todo inalienable. Su respeto, garantía y promoción por parte del
Estado mexicano es un compromiso ineludible. Entre las principales prioridades
del Gobierno de México, en torno al pleno ejercicio de los derechos de las
mujeres, se encuentra garantizar la salud sexual y reproductiva, para las
mujeres adolescentes.
Con relación al 2012, en 2013 se incrementó
en 100 por ciento el presupuesto destinado a mejorar las acciones de prevención
y promoción de salud materna. En este ámbito se ha prestado un notable interés
en la estrategia para disminuir la mortalidad materna.
La presidenta del INMUJERES comentó
que las mujeres indígenas son un sector prioritario en nuestro país, por eso el
Estado mexicano se encuentra realizando acciones para capacitar a la población
indígena, en particular, a las mujeres indígenas sobre sus derechos humanos y
algunos derechos específicos. Se han formado intérpretes y se capacitan a
abogados bilingües para que funjan como defensores y con ello, mejorar el
acceso a la justicia de las mujeres indígenas como lo indica la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. También se firmó un
Convenio de Colaboración con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación para la capacitación en derechos políticos electorales de mujeres
indígenas.
Finalmente, indicó que se publicará
la reforma al mecanismo de la solicitud de la Declaratoria de Alerta de
Violencia de Género, con el objeto de contar con una herramienta jurídica más
ágil y eficiente que permita proteger la
vida y la seguridad de las mujeres en situación de violencia.
La participación de México y las
intervenciones formuladas por los Estados constituirán el informe de la
evaluación de México por el MEPU, el cual se adoptará en el marco del 25°
periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en marzo del 2014.
Fuente: SRE e INMUJERES
