La violencia obstétrica es una inadmisible
forma de discriminación, una grave violación a los derechos reproductivos y un
trato deshumanizado de las mujeres embarazadas, que debe atenderse de manera
urgente a través de todos los medios al alcance del Estado para garantizar los
derechos de las mujeres durante la atención de su embarazo, señaló Pablo
Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos de las Mujeres.
Durante la clausura del Taller sobre la Implementación de la Reforma Constitucional en Materia
de Derechos Humanos de 2011, en favor de las Mujeres y contra el Feminicidio,
que se celebró en la ciudad de Oaxaca, el funcionario federal reconoció que
para hacer frente a este desafío, que afecta sobre todo a las mujeres pobres e
indígenas, no es suficiente una política de “remoción” del personal médico
involucrado, sino de atender las causas estructurales que están alimentado la
espiral de discriminación y violencia institucional de que son objeto las
mujeres embarazadas.
En casos como este, señaló, cobra sentido
implementar los contenidos de la reforma constitucional de derechos humanos de
junio de 2011, que ha tenido como propósito colocar en el centro de las
políticas públicas y del interés del Estado mexicano, la protección más amplia
de los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción. Las mujeres embarazadas,
sobre todo las más pobres, deben ser objeto de esta protección, precisó.
Señaló que la violencia obstétrica puede
constituir actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, cuando
estos actos u omisiones causen penas, sufrimientos físicos o mentales a las
embarazadas y se cometan con el fin de anular la personalidad, sus capacidades
físicas, mentales o cualquier otro fin.
El trato deshumanizado, que va desde los
regaños y humillaciones hasta la
negación de la atención médica, es una larga cadena de violaciones a sus
derechos humanos que deben cesar de inmediato en las instituciones de salud
involucradas, aseveró.
Recordó que diversos instrumentos
internacionales de derechos humanos de las mujeres incluyen el compromiso
fundamental de los Estados de lograr que la mujer sobreviva al embarazo y el
parto, como un aspecto de su disfrute de los derechos a la salud sexual y
reproductiva y a vivir una vida con dignidad. Llegó el momento de pasar de la
consagración a la implementación de los derechos humanos de las mujeres
embarazadas, concluyó.
Este taller se dirigió a 50 representantes de
organizaciones de la sociedad civil del
Estado de Oaxaca dedicadas a la defensa de los derechos humanos de las mujeres
en la entidad, entre las que se encuentran Consorcio por el Diálogo
Parlamentario y la Equidad, Red de Mujeres Mixes, Instituto de Liderazgo Simone
de Beauvoir , Centro para los Derechos de la Mujer, Colectivo Feminista Mujeres
Lilas, Colectivo Mujer Nueva, Católicas por el Derecho a Decidir, Cladem, entre
otras y forma parte de las acciones que desarrolla el INMUJERES con el
movimiento de mujeres de todo el país para conjuntar esfuerzos en favor de la
protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres.
