La liberación de Jacinta Francisco Marcial fue una muestra de la capacidad de las instituciones del Estado mexicano para rectificar y encauzar los procedimientos judiciales bajo los principios de respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales de sus gobernados.
El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) recibió con beneplácito esta resolución y destacó el papel fundamental que juega la Procuraduría General de la República (PGR) como garante del Estado democrático de derecho al corregir una acusación que no se debió presentar y con ello garantizar la vigencia y observancia plena de los derechos humanos y libertades fundamentales de quienes se ven expuestos al sistema de justicia.
El INMUJERES reconoció la oportuna atención que la PGR dio a los oficios que le envió al entonces procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, donde solicitaba se emitieran conclusiones no acusatorias o el sobreseimiento del caso de Jacinta Francisco Marcial, como fórmula de reparación del daño y obtener así su inmediata libertad.
Destacó también el importante papel que jugaron los medios de comunicación en este asunto al darle amplia cobertura y seguimiento, así como del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez por la adecuada defensa de la indígena y la información que compartió al INMUJERES.
La liberación de Jacinta fue apenas la primera de una serie de acciones y medidas que habrá de implementar la PGR en reconocimiento de su inocencia en este delito, así como de las coacusadas, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, de quienes el INMUJERES seguirá al pendiente de su caso.
El INMUJERES confió en que este caso paradigmático en México contribuirá a que la PGR incorpore estándares internacionales en materia de derechos humanos, la perspectiva de género y principios de etnicidad en sus investigaciones y su quehacer institucional.
Fuente: INMUJERES
El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) recibió con beneplácito esta resolución y destacó el papel fundamental que juega la Procuraduría General de la República (PGR) como garante del Estado democrático de derecho al corregir una acusación que no se debió presentar y con ello garantizar la vigencia y observancia plena de los derechos humanos y libertades fundamentales de quienes se ven expuestos al sistema de justicia.
El INMUJERES reconoció la oportuna atención que la PGR dio a los oficios que le envió al entonces procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, donde solicitaba se emitieran conclusiones no acusatorias o el sobreseimiento del caso de Jacinta Francisco Marcial, como fórmula de reparación del daño y obtener así su inmediata libertad.
Destacó también el importante papel que jugaron los medios de comunicación en este asunto al darle amplia cobertura y seguimiento, así como del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez por la adecuada defensa de la indígena y la información que compartió al INMUJERES.
La liberación de Jacinta fue apenas la primera de una serie de acciones y medidas que habrá de implementar la PGR en reconocimiento de su inocencia en este delito, así como de las coacusadas, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, de quienes el INMUJERES seguirá al pendiente de su caso.
El INMUJERES confió en que este caso paradigmático en México contribuirá a que la PGR incorpore estándares internacionales en materia de derechos humanos, la perspectiva de género y principios de etnicidad en sus investigaciones y su quehacer institucional.
Fuente: INMUJERES
