El Consejo Consultivo del INMUJERES llevó a cabo el Segundo Foro Nacional sobre la Participación de la Sociedad Civil en los Mecanismos Institucionales para el Adelanto de las Mujeres con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la participación institucionalizada de las organizaciones de la sociedad civil en los mecanismos gubernamentales para el adelanto de las mujeres, en los ámbitos federal y estatal, en el marco de la relación democrática sociedad-gobierno.
En esta reunión, que se realizó los días 8 y 9 de octubre, se buscó propiciar un balance del estado que guardan los organismos de la sociedad civil como instrumentos de participación en las instancias estatales, sistematizando cuáles han sido los obstáculos y las tensiones que se presentan, así como las experiencias exitosas.
Asimismo, definir una agenda de propuestas de carácter legislativo y programático en las entidades federativas para perfeccionar el funcionamiento de los órganos auxiliares de los mecanismos estatales para el adelanto de las mujeres, en el marco de los programas vigentes en el INMUJERES.
Al inaugurar el Segundo Foro, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Rocío García Gaytán, subrayó que escuchar la voz de las organizaciones civiles es percibir, al mismo tiempo, las demandas sociales, ya que con su experiencia y trabajo diario con la población saben de sus circunstancias y necesidades que en ocasiones escapan a la mirada institucional.
Estas organizaciones, dijo, son un apoyo en los distintos ámbitos y órdenes de gobierno, por lo que su visión y forma de percibir la situación específica de las mujeres debe ser escuchada como parte de una acción institucionalizada.
Desde hace ya algunas décadas, el gobierno de México ha suscrito una cantidad importante de convenios y acuerdos internacionales con la firme intención de revertir la desigualdad, violencia y discriminación contra las mujeres. Entre los más importantes se encuentran la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Plataforma de Acción de Beijing (1995), Beijing +5 (2000) y Beijing +10 (2005), los Objetivos y Metas de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio (2000 y 2005), y más recientemente como país miembro de la CEPAL el Consenso de Quito (2007).
En dichos convenios y acuerdos se señala en forma destacada la necesidad de construir mecanismos institucionales, marcos jurídicos y acciones afirmativas que garanticen mayor participación de las mujeres en el ejercicio del poder público y la adopción de decisiones.
Si bien esta exigencia tiene como un indicador clave cuantificar la presencia de mujeres en la política formal, es decir, la participación o inclusión de la mujer en los espacios donde se deciden los asuntos públicos, cada vez se insiste más en la necesidad de ampliar dichos mecanismos a la participación e intervención de mujeres organizadas de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales.
Al parecer se cuenta con suficiente evidencia empírica para sostener que el grado de avance en la gestión, creación e instrumentación de mecanismos institucionales depende en sentido directo de las distintas formas de intervención de los movimientos de mujeres enraizados en la sociedad civil que funcionan como contrapesos indispensables para establecer agendas y consensos.
La importancia que reviste la participación de las mujeres organizadas de la sociedad civil se fundamenta en las siguientes premisas:
a) los organismos civiles pueden y deben ser actores relevantes en el diseño y elaboración de las políticas públicas sociales;
b) su intervención contribuye a la renovación de la gestión pública y de la democratización política;
c) por la experiencia y conocimiento adquirido a lo largo de varias décadas, su actuación es fundamental, toda vez que los gobiernos no pueden por sí solos atender a todas las necesidades y demandas sociales, particularmente de las mujeres, por ello requieren de la colaboración organizada de la sociedad civil;
d) son portadores de valores humanos y civiles que expresan proyectos de sociedad donde la solidaridad es el vehículo para alcanzar mejores estadíos de bienestar.
Entre los mecanismos institucionales que actualmente existen en México para materializar las políticas de Estado en materia de equidad de género, destaca la existencia de mecanismos estatales de la mujer, y en menor número, de instancias municipales. En el caso de los mecanismos estatales, estos funcionan como enlaces permanentes con el INMUJERES, de quienes depende la gestión, acceso, ejercicio, publicitación y rendición de cuentas de los programas y recursos públicos ejercidos en el marco de las políticas públicas y acciones afirmativas a favor de la equidad entre los géneros.
Pese la heterogeneidad en rango y estatuto administrativo que éstas han adoptado, amén de la disparidad presupuestal y el apoyo de sus respectivos gobiernos estatales que existe entre unas y otras, la importancia de la función político-administrativa de los mecanismos estatales de la mujer no puede ser desestimada. Por lo que atañe al seguimiento y evaluación de su quehacer en el espacio público, la figura de los consejos consultivos y/o sociales cobra especial relevancia, toda vez que constituyen espacios para ampliar la base de representación plural de organizaciones de la sociedad civil que promueven y trabajan a favor de los derechos humanos y contra la violencia hacia las mujeres.
Respecto sus funciones de asesoría, seguimiento y evaluación de las acciones emprendidas cobra especial relevancia a través de los pactos y consensos, amén de que se construye un espacio de interlocución entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y las organizaciones no gubernamentales de mujeres ahí representadas, llegando incluso a constituirse, en algunos casos, como órganos de vigilancia y contraloría para la rendición de cuentas. De ahí que, independientemente de las limitadas atribuciones que un consejo consultivo pueda tener, su incidencia en la definición de agendas, formulación, seguimiento y evaluación de programas juega una función estratégica de legitimación política en el proceso de toma de decisiones.
La alternancia en el poder de los gobiernos estatales reflejada en una nueva geografía electoral, así como la voluntad política de sus gobernantes, se presenta como un calidoscopio de formas y estrategias adoptadas por las instancias estatales de la mujer y sus consejos consultivos para transitar al cabal cumplimiento de metas y adecuado funcionamiento. Por lo anterior se justifica ampliamente la necesidad de evaluar el desempeño de dichas instancias a través de las voces de quienes integran sus respectivos consejos, al tiempo que se identifica, por un lado, a) el grado de representación, integración, articulación, avance, necesidades e intereses de las mujeres de distintos sectores sociales, políticos, feministas o femeninos de distinto signo, y, b) la capacidad de convocatoria y vinculación de las instancias estatales con la sociedad civil organizada.
En el marco de los Programas y funciones que el INMUJERES impulsa en la actualidad,i destacan los esfuerzos por lograr una mayor articulación y comunicación entre instancias estatales de la mujer, prueba de ello son las reuniones que se celebran periódicamente tanto de instancias estatales como municipales de la mujer. Empero, uno de los obstáculos del centralismo que ha caracterizado históricamente a nuestro sistema político, son las dificultades para evaluar el impacto cuantitativo y cualitativo de políticas públicas, iniciativas de ley, agendas legislativas y acciones afirmativas dirigidas a eliminar la inequidad entre los géneros.
A fin de revertir esta situación se han emprendido también acciones que contribuyen a aportar información a través de estudios e investigaciones en todos los campos de interés en los que se despliega la actuación de las mujeres mexicanas en distintas regiones geográficas. Lo anterior es un esfuerzo digno de ser destacado, sin embargo, constituye tan solo una parte del subsistema de las instancias estatales.
Fuente: INMUJERES
En esta reunión, que se realizó los días 8 y 9 de octubre, se buscó propiciar un balance del estado que guardan los organismos de la sociedad civil como instrumentos de participación en las instancias estatales, sistematizando cuáles han sido los obstáculos y las tensiones que se presentan, así como las experiencias exitosas.
Asimismo, definir una agenda de propuestas de carácter legislativo y programático en las entidades federativas para perfeccionar el funcionamiento de los órganos auxiliares de los mecanismos estatales para el adelanto de las mujeres, en el marco de los programas vigentes en el INMUJERES.
Al inaugurar el Segundo Foro, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Rocío García Gaytán, subrayó que escuchar la voz de las organizaciones civiles es percibir, al mismo tiempo, las demandas sociales, ya que con su experiencia y trabajo diario con la población saben de sus circunstancias y necesidades que en ocasiones escapan a la mirada institucional.
Estas organizaciones, dijo, son un apoyo en los distintos ámbitos y órdenes de gobierno, por lo que su visión y forma de percibir la situación específica de las mujeres debe ser escuchada como parte de una acción institucionalizada.
Desde hace ya algunas décadas, el gobierno de México ha suscrito una cantidad importante de convenios y acuerdos internacionales con la firme intención de revertir la desigualdad, violencia y discriminación contra las mujeres. Entre los más importantes se encuentran la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Plataforma de Acción de Beijing (1995), Beijing +5 (2000) y Beijing +10 (2005), los Objetivos y Metas de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio (2000 y 2005), y más recientemente como país miembro de la CEPAL el Consenso de Quito (2007).
En dichos convenios y acuerdos se señala en forma destacada la necesidad de construir mecanismos institucionales, marcos jurídicos y acciones afirmativas que garanticen mayor participación de las mujeres en el ejercicio del poder público y la adopción de decisiones.
Si bien esta exigencia tiene como un indicador clave cuantificar la presencia de mujeres en la política formal, es decir, la participación o inclusión de la mujer en los espacios donde se deciden los asuntos públicos, cada vez se insiste más en la necesidad de ampliar dichos mecanismos a la participación e intervención de mujeres organizadas de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales.
Al parecer se cuenta con suficiente evidencia empírica para sostener que el grado de avance en la gestión, creación e instrumentación de mecanismos institucionales depende en sentido directo de las distintas formas de intervención de los movimientos de mujeres enraizados en la sociedad civil que funcionan como contrapesos indispensables para establecer agendas y consensos.
La importancia que reviste la participación de las mujeres organizadas de la sociedad civil se fundamenta en las siguientes premisas:
a) los organismos civiles pueden y deben ser actores relevantes en el diseño y elaboración de las políticas públicas sociales;
b) su intervención contribuye a la renovación de la gestión pública y de la democratización política;
c) por la experiencia y conocimiento adquirido a lo largo de varias décadas, su actuación es fundamental, toda vez que los gobiernos no pueden por sí solos atender a todas las necesidades y demandas sociales, particularmente de las mujeres, por ello requieren de la colaboración organizada de la sociedad civil;
d) son portadores de valores humanos y civiles que expresan proyectos de sociedad donde la solidaridad es el vehículo para alcanzar mejores estadíos de bienestar.
Entre los mecanismos institucionales que actualmente existen en México para materializar las políticas de Estado en materia de equidad de género, destaca la existencia de mecanismos estatales de la mujer, y en menor número, de instancias municipales. En el caso de los mecanismos estatales, estos funcionan como enlaces permanentes con el INMUJERES, de quienes depende la gestión, acceso, ejercicio, publicitación y rendición de cuentas de los programas y recursos públicos ejercidos en el marco de las políticas públicas y acciones afirmativas a favor de la equidad entre los géneros.
Pese la heterogeneidad en rango y estatuto administrativo que éstas han adoptado, amén de la disparidad presupuestal y el apoyo de sus respectivos gobiernos estatales que existe entre unas y otras, la importancia de la función político-administrativa de los mecanismos estatales de la mujer no puede ser desestimada. Por lo que atañe al seguimiento y evaluación de su quehacer en el espacio público, la figura de los consejos consultivos y/o sociales cobra especial relevancia, toda vez que constituyen espacios para ampliar la base de representación plural de organizaciones de la sociedad civil que promueven y trabajan a favor de los derechos humanos y contra la violencia hacia las mujeres.
Respecto sus funciones de asesoría, seguimiento y evaluación de las acciones emprendidas cobra especial relevancia a través de los pactos y consensos, amén de que se construye un espacio de interlocución entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y las organizaciones no gubernamentales de mujeres ahí representadas, llegando incluso a constituirse, en algunos casos, como órganos de vigilancia y contraloría para la rendición de cuentas. De ahí que, independientemente de las limitadas atribuciones que un consejo consultivo pueda tener, su incidencia en la definición de agendas, formulación, seguimiento y evaluación de programas juega una función estratégica de legitimación política en el proceso de toma de decisiones.
La alternancia en el poder de los gobiernos estatales reflejada en una nueva geografía electoral, así como la voluntad política de sus gobernantes, se presenta como un calidoscopio de formas y estrategias adoptadas por las instancias estatales de la mujer y sus consejos consultivos para transitar al cabal cumplimiento de metas y adecuado funcionamiento. Por lo anterior se justifica ampliamente la necesidad de evaluar el desempeño de dichas instancias a través de las voces de quienes integran sus respectivos consejos, al tiempo que se identifica, por un lado, a) el grado de representación, integración, articulación, avance, necesidades e intereses de las mujeres de distintos sectores sociales, políticos, feministas o femeninos de distinto signo, y, b) la capacidad de convocatoria y vinculación de las instancias estatales con la sociedad civil organizada.
En el marco de los Programas y funciones que el INMUJERES impulsa en la actualidad,i destacan los esfuerzos por lograr una mayor articulación y comunicación entre instancias estatales de la mujer, prueba de ello son las reuniones que se celebran periódicamente tanto de instancias estatales como municipales de la mujer. Empero, uno de los obstáculos del centralismo que ha caracterizado históricamente a nuestro sistema político, son las dificultades para evaluar el impacto cuantitativo y cualitativo de políticas públicas, iniciativas de ley, agendas legislativas y acciones afirmativas dirigidas a eliminar la inequidad entre los géneros.
A fin de revertir esta situación se han emprendido también acciones que contribuyen a aportar información a través de estudios e investigaciones en todos los campos de interés en los que se despliega la actuación de las mujeres mexicanas en distintas regiones geográficas. Lo anterior es un esfuerzo digno de ser destacado, sin embargo, constituye tan solo una parte del subsistema de las instancias estatales.
Fuente: INMUJERES
