
El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y las áreas jurídicas de las instancias para el adelanto de las mujeres en el país coincidieron en la necesidad de generar un mecanismo que contribuya financieramente a cumplir la responsabilidad del Estado mexicano en caso de violación a los derechos humanos.
Al concluir el Séptimo Encuentro de las Áreas Jurídicas de los mecanismos para el adelanto de las mujeres, que se realizó en Ciudad Juárez, Chihuahua, del 28 al 30 de octubre, se determinó la urgencia de establecer un fondo nacional de reparación en materia de derechos humanos.
Este fondo dará certeza jurídica a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a los organismos nacionales, regionales o internacionales que emitan dichas resoluciones pues el Estado contará con un fondo del cual podrá hacer uso para cumplir con la responsabilidad internacional de reparar el daño como consecuencia de una violación a los derechos fundamentales.
El coordinador de Asuntos Jurídicos del INMUJERES, Pablo Navarrete Gutiérrez, subrayó que en tanto no se conjuguen las consecuencias jurídicas, políticas y económicas de la violación a derechos humanos no se podrá avanzar en la vigencia plena de los mismos: “si no le pegamos a la bolsa de los abusivos del poder, a la vez que son enjuiciados por sus actos u omisiones, de poco sirve el costo político de una violación a los derechos humanos”.
Por otra parte, las áreas jurídicas reconocieron que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, conformado por la Comisión y la Corte, puede ser una valiosa herramienta para proteger, fomentar y garantizar los derechos humanos de las mujeres.
Manifestaron que como instituciones del Estado se debe superar el temor de recurrir a estos mecanismos regionales, pues no sólo es un asunto de legitimidad sino de congruencia de los Estados que los han creado para ampliar el ámbito de protección y defensa de los derechos humanos de sus gobernados.
Enfatizaron la necesidad de generar un mecanismo jurídico que de claridad a las obligaciones derivadas de estos órganos, por lo que se debe seguir respaldando la propuesta de Ley General de Cooperación con el Sistema Interamericano de Protección y Defensa de los Derechos Humanos.
Durante tres días, el INMUJERES y las áreas jurídicas de las instancias para el adelanto de las mujeres del país analizaron los diversos instrumentos internacionales de derechos humanos a favor de las mujeres, de manera particular el funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, las implicaciones de sus resoluciones y su impacto en la protección y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de las niñas y mujeres.
Asimismo, discutieron las implicaciones jurídicas y de ética política de estos instrumentos internacionales en el diseño y ejecución de las políticas públicas dirigidas a garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia e incorporar en su quehacer institucional los parámetros del derecho internacional en esta materia.
Fuente: INMUJERES
Al concluir el Séptimo Encuentro de las Áreas Jurídicas de los mecanismos para el adelanto de las mujeres, que se realizó en Ciudad Juárez, Chihuahua, del 28 al 30 de octubre, se determinó la urgencia de establecer un fondo nacional de reparación en materia de derechos humanos.
Este fondo dará certeza jurídica a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a los organismos nacionales, regionales o internacionales que emitan dichas resoluciones pues el Estado contará con un fondo del cual podrá hacer uso para cumplir con la responsabilidad internacional de reparar el daño como consecuencia de una violación a los derechos fundamentales.
El coordinador de Asuntos Jurídicos del INMUJERES, Pablo Navarrete Gutiérrez, subrayó que en tanto no se conjuguen las consecuencias jurídicas, políticas y económicas de la violación a derechos humanos no se podrá avanzar en la vigencia plena de los mismos: “si no le pegamos a la bolsa de los abusivos del poder, a la vez que son enjuiciados por sus actos u omisiones, de poco sirve el costo político de una violación a los derechos humanos”.
Por otra parte, las áreas jurídicas reconocieron que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, conformado por la Comisión y la Corte, puede ser una valiosa herramienta para proteger, fomentar y garantizar los derechos humanos de las mujeres.
Manifestaron que como instituciones del Estado se debe superar el temor de recurrir a estos mecanismos regionales, pues no sólo es un asunto de legitimidad sino de congruencia de los Estados que los han creado para ampliar el ámbito de protección y defensa de los derechos humanos de sus gobernados.
Enfatizaron la necesidad de generar un mecanismo jurídico que de claridad a las obligaciones derivadas de estos órganos, por lo que se debe seguir respaldando la propuesta de Ley General de Cooperación con el Sistema Interamericano de Protección y Defensa de los Derechos Humanos.
Durante tres días, el INMUJERES y las áreas jurídicas de las instancias para el adelanto de las mujeres del país analizaron los diversos instrumentos internacionales de derechos humanos a favor de las mujeres, de manera particular el funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, las implicaciones de sus resoluciones y su impacto en la protección y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de las niñas y mujeres.
Asimismo, discutieron las implicaciones jurídicas y de ética política de estos instrumentos internacionales en el diseño y ejecución de las políticas públicas dirigidas a garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia e incorporar en su quehacer institucional los parámetros del derecho internacional en esta materia.
Fuente: INMUJERES