Durante la
sustentación del 7° y 8° Informe consolidado de Mexico sobre el cumplimiento de
la Convención sobre la eliminación
contra todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), efectuado
hoy en la sede de la ONU en Nueva York, el Estado mexicano reafirmó su
compromiso para promover los derechos humanos de las mujeres, subrayando
importantes avances en esa materia y reconociendo al mismo tiempo desafíos que
se están atendiendo.
Ante el Comité de Expertas de la CEDAW, la presidenta del Instituto
Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Rocío García Gaytán, quien encabezó la
delegación mexicana, subrayó que entre los avances más trascendentes se
encuentran la reforma constitucional de derechos humanos de 2011, por la cual
adquieren rango constitucional los tratados internacionales y la promulgación
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La delegación
mexicana presentó información puntual sobre la situacion de la legislación, las
políticas públicas, acceso a la justicia, seguridad y violencia, situaciones de
discriminación e institucionalidad, incluyendo la capacitación de ministros
públicos, cuerpos policiacos y Poder Judicial. Por su parte, los representantes
del legislativo y judicial expusieron sus trabajos para la promoción de la
perspectiva de género en los juicios y sentencias del poder judicial y el
impulso fundamental a la armonización legislativa.
Al reconocer
avances importantes de México en la representación política de las mujeres en
la implementación de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y en la tipificación del feminicidio, el Comité solicitó información
detallada al Estado sobre una amplia gama de temas.
Una preocupación
destacada del Comité se refirió a la situación de violencia hacia defensoras y
periodistas. Al respecto se dio una amplia explicación de la nueva Ley en la
materia y el mecanismo de protección amparado por dicha ley incluyendo la
descripción del alcance de las medidas de protección que actualmente se
otorgan. También se explicó la aplicación de los protocolos de investigación
criminal y de búsqueda de personas desaparecidas Protocolo Alba y Alerta Amber, así como del Banco Nacional de Violencia
contra las Mujeres a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, que cuenta actualmente con más de 75 mil
registros.
Luego de que el
Gobierno de México presentó importantes esfuerzos en materia de tipificación de
feminicidio, el Comité expresó preocupación por la situación de violencia
contra la mujer que se vive en México.
Adicionalmente, se
subrayó el compromiso del Estado en la lucha contra la impunidad y se
presentaron los datos correspondientes a los últimos seis años en materia de
averiguaciones previas y sentencias relacionadas con delitos como la violación
sexual, el estupro y la violencia familiar.
En materia de
participación política, la Delegación mexicana informó acerca de la elevada
participación de candidatas mujeres a las diputaciones y al Senado a nivel
federal en los pasados comicios del 1 de julio, en la que se alcanzaron un 47
por ciento y 45 por ciento, respectivamente. Una cifra cercana a la paridad y
la más alta con respecto a otros sistemas democráticos.
El Comité
igualmente solicitó información al Estado en materia de empleo, educación y
salud de las mujeres en el país. La delegación informó que al día de hoy se continúa el impulso de una política Nacional de
Igualdad Laboral, que genera condiciones favorables de oportunidades y de trato
para las mujeres y trabaja a favor de los derechos laborales y acceso a un
trabajo decente. Como parte de esta Política, todas las Secretarías de Estado y
más de 700 centros de trabajo se han certificado en la Norma Mexicana para la
Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres. En los últimos años se ha registrado un incremento
constante en la participación de las mujeres en las actividades económicas, sin
embargo el acceso que tienen a la propiedad de las empresas todavía es mucho
menor que el de los hombres.
En materia educativa, el Estado informó que se ha incrementado el número
de becas del Gobierno Federal otorgadas a alumnas y alumnos en todos los
niveles de educación, pasando de dos a ocho millones de estudiantes en los
últimos años. Entre 2006 y 2010, el presupuesto para las becas a madres jóvenes
y jóvenes embarazadas para concluir la educación básica aumentó en 659 por
ciento, lo que permitió otorgar mil 763 becas en 2006 y nueve mil 840 en 2010. A nivel
bachillerato se otorgaron, a marzo de 2012, medio millón de becas para la
expansión de la educación media superior (Becas Síguele) y cien mil becas
universitarias.
El acceso a la salud de las mujeres, especialmente las más pobres, ha
sido una prioridad. Hoy en día, el Seguro Popular ofrece tratamientos gratuitos
a las mujeres para el cáncer cérvico uterino y el cáncer de mama y todas las
mujeres embarazadas tienen garantizado servicio médico especializado antes,
durante y después del parto; además, todas las instituciones públicas están obligadas
a atender cualquier emergencia ginecobstétrica, independientemente de la
condición de derechohabiencia de la paciente. También cuentan con los
beneficios del Programa de Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras, que
en marzo de 2012 tenía en servicio nueve mil 200 unidades en todo el país que
han permitido atender, en los cinco últimos años, a un millón de niñas y niños.
Una de las principales preocupaciones y
ocupaciones del Estado mexicano en los últimos años ha sido el implementar
acciones para garantizar efectivamente el acceso a la justicia de las mujeres
en todo el país. Este proceso implica la realización de diferentes acciones en
el ámbito legislativo, judicial, ejecutivo, laboral y educativo, entre otros.
Durante la
sustentación, la delegación reconoció desafíos en diversos temas, entre los que
destacan el perfeccionamiento en el combate a la violencia
de género en el país y procuración e impartición de justicia; el fortalecimiento
en la aplicación de las leyes, continuar la armonización en el ámbito local,
principalmente en el municipal; una eficiente coordinación de actores y
recursos en los tres poderes para contar con un sistema eficiente de evaluación
para medir el impacto de las medidas públicas para disminuir la violencia,
elevar la igualdad y eliminar la discriminación; continuar la tipificación del
feminicidio en las entidades federativas; y aplicar eficaz y oportunamente los
protocolos de investigación criminal.
Finalmente, el
Estado Mexicano agradeció la gran importancia que la sociedad civil confirió a
este ejercicio al presentar 17 informes sobre los más diversos temas.
La delegación mexicana estuvo conformada por
representantes de: INMUJERES, SRE, FEVIMTRA, SEGOB, CONAPRED, Cámara de
Diputados, Cámara de Senadores, SEP, Secretaría de Salud, Sedesol, CDI, STPS,
IFE, Instituto Nacional de Migración, Consejo de la Judicatura Federal y SSP.
