Ante la inminente implementación del Sistema de Justicia Penal
Acusatorio en todas las entidades federativas, es imprescindible que la
perspectiva de género se consolide en los servicios brindados a las mujeres,
especialmente en juzgados y ministerios públicos, afirmó Lorena Cruz Sánchez,
presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres.
Durante la inauguración del Foro “Impartición
de justicia con perspectiva de género”, la funcionaria federal subrayó que al dictar buenas
sentencias se sientan precedentes que pueden ser utilizados para que cada vez
más mujeres accedan a la justicia y obtengan la reparación del daño.
“Necesitamos operadores de justicia que le
pongan el nombre justo a la violencia que viven las mujeres, aplicando las
medidas idóneas en el nuevo Sistema Penal Acusatorio”, aseveró.
Cruz Sánchez enfatizó que se debe tener la
capacidad de identificar con claridad todos y cada uno de los casos de
violencia, aprender a contabilizarlos y a registrarlos con rigor, porque de
esas acciones depende mucho que las políticas lleven verdadera igualdad y
justicias para las mujeres.
Los y las magistradas que dictan sentencias
con perspectiva de género, sostuvo, reivindican la confianza de la ciudadanía
en la impartición de justicia y la motivan a denunciar.
Expuso que para lograr que las víctimas de
violencia alcancen justicia, México necesita servidoras y servidores públicos
más informados, más responsables y más comprometidos con la aplicación de la
perspectiva de género en el desempeño de su labor.
Las víctimas de
violencia de género, explicó, atraviesan complejas circunstancias personales,
matizadas por desvalorización, pérdida de autoestima, culpabilización,
sentimientos de impotencia y desprotección, aunado al aislamiento social, la
falta de redes de apoyo, el desconocimiento de sus derechos o la imposibilidad
de ejercerlos por miedo, por dependencia económica o emocional respecto de su
agresor.
Las y los
juzgadores, destacó, tienen el primer contacto con estas mujeres: “su acción decidida,
acompañada de la sensibilidad que cada caso requiere, puede comenzar a empoderarlas, facilitando el rompimiento del vínculo
abusivo que los agresores les imponen, salvaguardando su vida y garantizándoles
el debido proceso.
La presidenta del INMUJERES manifestó que con
el recientemente publicado Código Nacional de Procedimientos Penales, las y los
operadores de justicia están frente al compromiso ineludible de actuar a la luz de los
instrumentos internacionales, nacionales y estatales en materia de derechos
humanos de las mujeres.